¿Trajeron la concordia las amnistías de los últimos 100 años?

El análisis de la Gaceta de Madrid (antiguo BOE) muestra que, en el siglo XIX, hasta 1875, hubo al menos diez amnistías, la mayoría para delitos políticos; normalmente estaban ligadas a los cambios de Gobierno causados por pronunciamientos militares entre liberales moderados o progresistas.

Los motivos expuestos estaban normalmente relacionados con la «tranquilidad del país», soliendo considerar solo a los presos afines políticamente, es decir, eran amnistías «de parte». Posteriormente, en el periodo de la Restauración (1875) y hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923), se encuentran otras ocho amnistías, contemplando también delitos políticos y sociales; la causa habitualmente esgrimida volvía a ser la tranquilidad del país.

Entrando en los últimos cien años, nos encontramos que, en 1923, Primo de Rivera toma el poder tras un golpe de Estado, promulgando meses después una amnistía en la que se contemplaron delitos de carácter militar, sindical y políticos. Las razones expuestas estaban relacionadas con que «… España da pruebas de quererse regenerar». Primo de Rivera perseguía con su dictadura un «reinicio» político del país, por medio de la participación en su proyecto de un amplio espectro de la clase política, incluyendo a los socialistas.

En enero de 1930, tras la caída del gobierno dictatorial de Primo de Rivera, una de las primeras disposiciones del nuevo Gobierno de Berenguer fue conceder otra amnistía que, esencialmente, abarcaba a los militares que se opusieron a la dictadura. También se amnistiaron los delitos civiles relacionados con la libertad de expresión o desobediencia. Se buscaba retomar la normalidad política e institucional en el marco de la Constitución de 1876, si bien no se logró, cayendo el régimen monárquico quince meses después.

La amnistía del 14 de abril de 1931, fue exclusiva para los perseguidos por la dictadura, iniciando al mismo tiempo una persecución contra sus dirigentes

Nada más proclamarse la Segunda República, el mismo 14 de abril de 1931, se promulgaba una amnistía para delitos «políticos, sociales y de imprenta». Se excluía expresamente a los «funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos», texto que permitió el enjuiciamiento posterior de militares y cargos políticos del periodo de Primo de Rivera; para lo cual, durante 1931, las Cortes crearon las Comisiones de Responsabilidades, formadas por diputados y no por jueces, con el objetivo de efectuar los procesos. La amnistía del 14 de abril de 1931, fue exclusiva para los perseguidos por la dictadura, iniciando al mismo tiempo una persecución contra sus dirigentes.

En noviembre de 1933, tras las elecciones donde vencieron las derechas, se formó un Gobierno centrista liderado por Lerroux, sin participación directa de la CEDA (coalición de derechas), aunque con su apoyo parlamentario. Lerroux, en base al artículo 102 de la Constitución republicana (que expresamente autorizaba las amnistías), emitió en abril de 1934 una nueva ley de amnistía que generó una crisis con el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

En dicha ley se amnistiaban expresamente los delitos de rebelión y sedición, por lo que los involucrados en el golpe de Estado de Sanjurjo de 1932 quedaban libres, si bien no podían reincorporarse de nuevo al Ejército. Eran también amnistiados los delitos de atentado, desacato y los cometidos por motivos políticos y sociales, los relacionados con huelgas o con desórdenes públicos, afectando estos últimos esencialmente a los anarquistas, que habían sido muy beligerantes contra el Gobierno republicano de Azaña.

Expresamente se amnistió a los condenados en 1931 por las Comisiones de Responsabilidad, permitiendo el regreso a España de José Calvo Sotelo (elegido diputado en 1931 y 1933, pero exiliado) y la excarcelación del general Sanjurjo. El enfrentamiento entre Alcalá-Zamora y Lerroux, debido a esta ley, generó la dimisión del último. Esta amnistía no logró apaciguar a los extremos políticos, sino que pocos meses después (octubre de 1934), estando de nuevo Lerroux en el Gobierno, hubo un intento de golpe de Estado revolucionario por parte del PSOE de Largo Caballero y otro de carácter independentista por parte del presidente de la Generalidad, Companys.

En febrero de 1936, a los cinco días de la controvertida victoria del Frente Popular, conforme a lo propuesto en su campaña electoral, se aprobó una nueva amnistía impulsada por Manuel Azaña para «los penados y encausados por delitos políticos y sociales», que ponía en libertad a los involucrados en la revolución de octubre de 1934 y a los de la rebelión de la Generalidad, unos ocho mil, incluido Companys que retomó la presidencia de la Generalidad.

La motivación del Decreto-Ley decía expresamente que se trataba de «una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional». El caos reinante y la urgencia de la aplicación de la medida acabó poniendo en la calle a miles de presos comunes, además de los directamente afectados. En paralelo a la legitimación de la revolución de 1934, se inició otro proceso de encausamiento y encarcelación de los militares, guardias civiles y policías involucrados en la represión de dicha revolución.

El caos reinante y la urgencia de la aplicación de la medida acabó poniendo en la calle a miles de presos comunes además de los directamente afectados

Destaca el encarcelamiento, en marzo de 1936, del general López de Ochoa, quien dirigió sobre el terreno los combates contra los mineros asturianos sublevados en 1934. Curiosamente, dicho general, que era masón, liberal y republicano, fue linchado al inicio de la guerra civil por extremistas de izquierdas, paseándose su cuerpo empalado y decapitado por las calles.

Franco no concedió formalmente ninguna amnistía, pero los efectos de la ley de 23 de septiembre de 1939 la convertían de facto en una más, al entender expresamente como «no delictivos» los delitos realizados durante el periodo republicano, de carácter político y social, por aquellos con ideología «coincidente con el Movimiento Nacional». Se trataba de una amnistía partidista más, mientras al mismo tiempo se reprimía a los vencidos en la guerra.

Posteriormente, hubo varios indultos generales para los presos republicanos, que no amnistías, destacando el de octubre de 1945 con el objetivo de «… normalización progresiva de la vida española». El 1 de abril de 1964, como celebración de los 25 años de paz, se decretó otro indulto que tuvo los efectos de una amnistía al ordenar la eliminación de los antecedentes penales a los indultados en 1945. De alguna manera, la dictadura franquista pretendía dejar atrás la Guerra Civil.

Las amnistías del periodo republicano no solo no pacificaron ni tranquilizaron a la sociedad española, sino que fueron un estímulo para exacerbar pasiones y transmitir impunidad

Finalmente, en octubre de 1977, tras más de sesenta años de enfrentamientos políticos violentos, se promulgó la última ley de amnistía, aún bajo el marco legal franquista. Con dicha amnistía, todo el espectro político, desde las fuerzas procedentes del régimen franquista, hasta los comunistas, pretendieron sellar el fin de la guerra civil y buscar la reconciliación, algo que gran parte de la sociedad española ya había realizado tiempo antes.

Las amnistías hasta 1931 no «tranquilizaron al país», pero las del periodo republicano no solo no pacificaron ni tranquilizaron a la sociedad española, sino que fueron un estímulo para exacerbar pasiones y transmitir impunidad. Las amnistías de los gobiernos republicanos contribuyeron al clima de enfrentamiento y a la desconfianza que derivaron en 1936 en la guerra civil. Las amnistías en España han tenido características y motivos diversos, pero, cuando no han sido consensuadas o han sido partidistas (casi todas), no han servido para encontrar la concordia. Estas medidas de gracia, más bien, contribuyeron a legitimar la violencia política y a expandir la confianza en la impunidad que, lejos de pacificar, facilitaron nuevos periodos de violencia e, incluso, la Guerra Civil.