La desconocida acción diplomática de Rumanía en la guerra civil española

El permanente miedo al comunismo soviético, la victoria del Frente Popular en Francia y los acontecimientos españoles provocaron una agitación creciente, de tal manera que el embajador británico en Bucarest informó a sus superiores que la mayoría de rumanos prefería la victoria de los militares alzados en España a la muchedumbre desorientada de anarquistas, comunistas y presos que representaban a la República.

Simpatía a la España nacional

Las noticias de la quema de iglesias, conventos y catedrales, unidas al asesinato de sacerdotes y monjas, tuvo un gran impacto en los medios urbanos y burgueses de Rumania, pero también entre estudiantes y campesinos. La prensa conservadora destacó estos hechos, que comparó con los acaecidos durante la Revolución bolchevique y la Guerra Civil rusa.

El 25 de julio, la Embajada rumana en París comunicó a Bucarest la petición que había recibido el gobierno francés del Frente Popular español para suministrarle armas y municiones, así como la protesta que había provocado en círculos y órganos de prensa de la derecha francesa.

Asimismo, se notificó un encuentro entre el diplomático rumano Cesianu con Juan Francisco de Cárdenas, antiguo embajador español en París, que le trató de explicar que los militares se habían alzado contra un Gobierno procomunista, pero no pretendían la restauración de la Monarquía sino la creación de una dictadura militar que, tras un tiempo, cedería el poder a un gobierno de civiles.

Cárdenas le avisó de que diversos fabricantes franceses, con el consentimiento de las autoridades, habían entregado aviones con gasolina, armamento y la munición necesaria al Frente Popular español. En consecuencia, altos funcionarios del Ministerio rumano interpretaron que el apoyo de París a Madrid podía llegar a complicar las relaciones internacionales en Europa, creando una verdadera crisis internacional, con reacciones alemanas y británicas.

El embajador rumano en España, Ioan Florescu, se trasladó a territorio francés, por lo que al frente de la Legación Real rumana se situó el consejero Constantin Zanesco, que sería nombrado encargado de negocios y ministro plenipotenciario más adelante; el cual contó con la ayuda del agregado comercial y de prensa Henry Helfant para desarrollar actividades humanitarias, como la aplicación de un generoso asilo diplomático a más de 700 españoles amenazadas por las izquierdas.

El ministro rumano de Asuntos Exteriores, Nicolae Titulescu, autorizó a Zanesco, el 7 de agosto de 1936, a actuar directamente, cumpliendo exclusivamente los acuerdos a los que llegara el Cuerpo Diplomático extranjero en la capital española, evitando decisiones aisladas. También le comunicó que se había negado a responder a un telegrama de la Junta Nacional de Defensa, instalada en Burgos, pues consideraba su contestación como una injerencia en los asuntos internos de España, ante los cuales prefería esperar a la decisión que tomaría Entendimiento Balcánico, alianza de la que Rumanía formaba parte.

A partir de entonces, el ministro rumano recibió continuos telegramas de Zanesco describiendo el alcance y características de la represión en la España republicana, el elevado número de asesinatos cometidos por anarquistas y sindicalistas, la aparición de centenares de cadáveres –algunos en pijama– sin identificar, el asesinato de políticos liberales y radicales, el robo y los chantajes... ante lo cual el propio Cuerpo Diplomático se había planteado trasladarse a Alicante. En esta eventualidad, Zanesco solicitó permiso para retirar la Legación a otra ciudad, siempre que el resto de representaciones extranjeras lo hicieran, aunque finalmente no se llevó a cabo.

A partir de entonces, la posición del Gobierno rumano ante el conflicto español estuvo condicionada por su abierta simpatía a la España nacional, ya que era una manera, entre otras, de hacer patente su hostilidad hacia la Unión Soviética y sus reivindicaciones territoriales sobre la región de la Besarabia. Pero Rumanía también temía la expansión geográfica de Alemania e Italia por los Balcanes, por lo que algunos miembros de la elite política apoyaron el mantenimiento de relaciones con la España republicana.

Recelo al Frente Popular

El Rey Carol II no quiso implicarse abiertamente con los nacionales, aunque no manifestó ninguna simpatía por el Frente Popular, sobre todo desde que comprobó que tanto Francia como Gran Bretaña habían encontrado una manera de eludir sus compromisos mediante la creación del Comité de No Intervención. En este sentido, el monarca forzó la dimisión de Nicolae Titulescu, al conocer que éste había aceptado que los pedidos de armamento para el ejército rumano, solicitados al Gobierno de París, fueran suspendidos para enviarlos a la España republicana.

Este hecho aumentó el recelo de Carol II sobre el Frente Popular francés, nombrando como nuevo ministro a Víctor Antonescu, el cual había sido ya titular de Justicia y Finanzas, que apoyó las medidas tendentes a evitar la exportación de armas y voluntarios a España, de acuerdo con las tesis del Comité de No Intervención.

Octavian Goga, en la Cámara de Diputados, –durante su discurso de contestación al mensaje de la Corona–, aludió al conflicto español, el 27 de noviembre. Se lamentó de la persecución religiosa a la que había llegado un pueblo famoso por su defensa del catolicismo desde los tiempos de Felipe II.

La culpa recaía en el comunismo soviético, que se había expandido hasta el campesinado, tradicionalmente religioso, dividiendo la sociedad en dos bandos. De ahí que se alzaran los militares para enfrentarse a esa peligrosa ideología, ligada al Frente Popular, del cual subrayó su inspiración soviética, tratando de justificar la intervención alemana en España: «la civilización europea no puede estar más que agradecida a este impulso de autoconservación de la humanidad».

Pero, a pesar de todo, el Gobierno rumano continuó con su política oficial de neutralidad que fue reforzada por su participación en la Pequeña Entente, alianza internacional entre Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumanía, muy influida por la diplomacia británica en la cuestión española. En la primera resolución pública que ésta tuvo sobre el conflicto hispano defendió la política de respeto a los regímenes internos, aunque consideró peligrosa la constitución de bloques antifascistas o antisoviéticos, ya que acentuaban la tensión en las relaciones internacionales europeas.

La neutralidad absoluta fue nuevamente declarada en febrero de 1937 por la alianza llamada Entendimiento Balcánico o Entente Balcánica –firmada el 9 de febrero de 1934– de la cual formaba parte Rumanía, Yugoslavia, Turquía y Grecia. Se abogó por la colaboración en las acciones internacionales de control y la prohibición de alistamiento de voluntarios hacia España, así como del tránsito de armas, municiones o subsidios.