Una España anticlerical: la cuestión religiosa en la Constitución de 1931

Cuatro días más tarde de la intervención del diputado del PSOE, el Partido Radical-Socialista organizó un sonado mitin en Madrid en apoyo de una mayor política antirreligiosa, mientras los ateneístas más extremistas apoyaban en la capital el dictamen de la comisión encargada de elaborar los artículos más polémicos desde el punto de vista religioso. La idea era presionar en las calles para evitar cualquier dulcificación de los artículos que regularían las relaciones entre los católicos y el nuevo régimen republicano, para el cual no podía haber progreso sin una secularización forzada desde el Estado.

Si bien los debates sobre diversos artículos de la Constitución parecieron emotivos, resultaron insignificantes ante la discusión de la posición de la Iglesia Católica en el régimen republicano. Las cláusulas anticlericales del proyecto afirmaban que España no tenía religión oficial, eliminaban la tradicional ayuda estatal a las órdenes religiosas y preveían la nacionalización de sus propiedades, suspendían las contribuciones estatales a los salarios del clero, legalizaban el divorcio e introducían un sistema de enseñanza primaria laica, obligatoria y gratuita.

Las cláusulas anticlericales del proyecto afirmaban que España no tenía religión oficial, eliminaban la tradicional ayuda estatal a las órdenes religiosas

Los diputados agrarios, los nacionalistas vascos, los integristas y los carlistas se unieron para oponerse a estas cláusulas en los días de su debate. En un discurso, el diputado tradicionalista Joaquín Beunza sostuvo que lo que estaba realmente en juego era la coexistencia pacífica de los españoles, amenazada al crear los republicanos un problema religioso donde no existía ninguno; en lugar de ello, debían preocuparse por remediar las injusticias sociales, porque lo que los ciudadanos necesitaban no era un irrelevante y divisor anticlericalismo, sino empleo y bienestar.

A los diputados socialistas se les recriminó la paradoja de que quisieran quitar las propiedades a los religiosos cuando sus «Casas del Pueblo» también las poseían y mantenían relaciones con el exterior. Sus últimas palabras, afirmando su seguridad en la victoria católica si los anticlericales planteaban la lucha, fueron consideradas por la mayoría de izquierdas como una amenaza.

La tensión política aumentó en los días previos a la discusión y votación del famoso artículo 24 del proyecto constitucional, que regulaba la posición de las órdenes religiosas y de la Compañía de Jesús, que se declaraba sujeta a disolución y sus propiedades a nacionalización. La posición gubernamental fue defendida por Manuel Azaña, cuyo famoso discurso aunque interpretado actualmente como una medida para evitar aumentar el anticlericalismo imperante en sus aliados, lo cierto es que, en su tiempo, fue considerado como una ofensa para la mayor parte de la opinión pública católica.

Los diputados tradicionalistas y conservadores intentaron todas las medidas legales para oponerse a los artículos anticlericales –por medio de vacilaciones y enmiendas– pero sin éxito. Los carlistas intervinieron en lo más reñido del debate, advirtiendo de las consecuencias negativas que podría provocar su aprobación. Así, el conde de Rodezno profetizó que se abriría un abismo entre el sentimiento católico y el régimen, mientras su compañero Lamamié de Clairac afirmaba que los católicos no tendrían más remedio que luchar contra la República.

Las enmiendas solo obtuvieron entre 35 y 40 votos, por lo que el artículo fue aprobado por 158 votos contra 59, levantándose la sesión entre peleas y alborotos, según la prensa. El hecho provocó la retirada de las minorías católicas de las Cortes, la ruptura de la coalición gubernamental –al dimitir Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura–, el aumento del recelo católico sobre el régimen y el aumento de la debilidad de los partidos republicanos conservadores. Al ausentarse la oposición, el resto del anteproyecto provocó un menor número de debates en la mayoría de diputados de izquierdas.

Los periódicos carlistas acusaron de arbitrariedad al Gobierno, al que criticaron sus intentos de «apagar las voces católicas» en defensa de los intereses de la Iglesia. Se criticó la «declaración solemne de ateísmo oficial», la prevista disolución de la Compañía de Jesús, la nacionalización de sus bienes, el divorcio, la nueva legislación familiar y la escuela laica.

En las Cortes, los representantes carlistas rompieron la alianza mantenida con los nacionalistas vascos, y comenzaron a poner reparos a la participación en la agrupación católica Acción Nacional, a la que acusaron de falta de actividad, claudicación y accidentalismo. Algunos diputados católicos también expresaron, de forma terminante, su progresiva pérdida de paciencia con la República durante los debates sobre la cuestión religiosa.

El carlista Joaquín Beunza, volvió a concluir una intervención con una afirmación de advertencia, y retó a la mayoría de izquierdas a que no le obligara a llevarla a la práctica: «Si se desencadena la persecución, nos refugiaremos en nuestras montañas, y allí buscaremos el consejo de nuestra desesperación y de nuestra dignidad, como hombres libres, contra la tiranía».

El diputado Antonio Pildain fue aún más explícito, al explicar que, según la doctrina católica, la lucha contra las leyes injustas podía ser expresada mediante la resistencia pasiva, mediante fórmulas activas dentro de la legalidad, o mediante la fuerza armada. A comienzos del mes de diciembre, el texto constitucional fue aprobado y proclamado mientras los carlistas aumentaban sus filas con el ingreso de católicos descontentos con el régimen republicano.