El mito de la discriminación contra los criollos en la América española

Una de las causas que suele señalarse en el origen de la independencia de la América española es la desafección de los criollos con la Monarquía. Una de las grandes reivindicaciones de los líderes independentistas era que el gobierno español les había postergado en favor de los españoles peninsulares, relegándolos a una condición de segunda. Las primeras rebeliones, como la de la Junta de Caracas o la de Buenos Aires, comenzaron con la destitución de las autoridades peninsulares y su sustitución por gobiernos criollos. Sin embargo, esta supuesta discriminación de la Monarquía contra los españoles nacidos en América está lejos de ser cierta.

Esta supuesta discriminación de la Monarquía contra los españoles nacidos en América está lejos de ser cierta

Los criollos constituían en general una clase privilegiada que durante tres siglos había disfrutado en América de una acomodada situación. Ellos eran los propietarios de las tierras, las encomiendas de indios y la explotación de las minas, además de controlar el comercio y los negocios. De hecho, los peninsulares recién llegados a las Indias solían buscar emparentarse con familias criollas para poder entrar en las élites económicas. En América se constituyó incluso una aristocracia propia gracias a la venta de títulos nobiliarios: solo en el siglo XVIII la Corona otorgó 236 títulos en América.

La llegada de los Borbones abrió una serie de cambios en la administración de toda la Monarquía tendentes a buscar una mayor centralización y eficacia. La historiografía ha acentuado habitualmente que las llegadas de las Reformas Borbónicas a América, principalmente en el reinado de Carlos III, fueron el inicio de la ruptura entre los criollos y la Corona al producir un desplazamiento de los criollos en favor de los peninsulares.

Es cierto que el reformismo borbónico favoreció dar cargos de gobierno a los peninsulares. Para la Corona, era más eficaz contar con funcionarios únicamente leales al gobierno, sin vínculos con el país, que dejar el poder en manos de las élites locales, que estaban mucho más atadas a sus lealtades familiares e intereses particulares que a los de la Monarquía. Así se intentaba poner fin a la enorme corrupción que había imperado en el hasta entonces muy autónomo gobierno de América.

Todos los historiadores reconocen la eficacia de estas medidas en lo material, pues durante la segunda mitad del siglo XVIII el comercio y la recaudación de impuestos aumentaron espectacularmente. El coste, sin embargo, sería la ira de los criollos que se vieron desplazados del poder y sometidos a un mayor control gubernamental.

Sin embargo, la supuesta discriminación borbónica contra los criollos fue enormemente exagerada por los propagandistas de la independencia para crear un rechazo contra los peninsulares. Los criollos no solo mantenían el poder económico (que se vio beneficiado con el aumento del comercio y la producción), sino que incluso entre los cargos de la administración, el teórico dominio peninsular fue muy matizado. Aunque los cargos más altos, como los virreyes, casi siempre fueron peninsulares, los criollos siguieron siendo mayoritarios en las audiencias, cabildos catedralicios, ayuntamientos y otros espacios de poder.

La igualdad la confesamos con gusto y no hemos necesitado que nadie nos recordara este principio de eterna justiciaMartín de Garay

Incluso el Ejército, tradicionalmente asociado a los peninsulares, se hizo mayoritariamente criollo, incorporando a sus filas a oficiales como los propios Bolívar o San Martín. Como demuestra Pérez Vejo, en la segunda mitad del siglo XVIII el número de oficiales americanos se duplicó hasta llegar al 60 % al acabar la centuria el 80 % del Ejército español en América era criollo.

Por eso, cuando en 1812 el gobierno británico, intentando mediar entre los rebeldes americanos y España, pidió como una condición para la reconciliación que se estableciese la igualdad entre criollos y peninsulares, el ministro Martín de Garay pudo decir en las Cortes: «La igualdad la confesamos con gusto y no hemos necesitado que nadie nos recordara este principio de eterna justicia, para que hayamos sido los primeros de las sociedades modernas que lo hayamos consagrado».