«A Cuba, por no tener seis mil reales»: así era el reclutamiento militar en la España del siglo XIX

Durante el siglo XIX y principios del XX, el sistema de reclutamiento militar en España estuvo marcado por profundas desigualdades sociales. El modelo de quintas, basado en el sorteo de una quinta parte de los jóvenes varones para cumplir el servicio militar, se consolidó como un mecanismo discriminatorio e injusto que favorecía a las clases más acomodadas. Mientras los más pobres cargaban con el peso de la defensa de la patria, los ricos podían evitar el servicio mediante la llamada «redención a metálico», un pago que les permitía quedar exentos o contratar a un sustituto.

El origen del sistema de quintas se remonta al siglo XVIII, cuando el ejército español todavía era profesional y estamental. La oficialidad estaba reservada a la nobleza, y la mayor parte de los soldados eran profesionales. Sin embargo, la Revolución Francesa introdujo el concepto del servicio militar obligatorio, ligado al ciudadano-soldado.

En España, la Constitución de 1812 adoptó esta idea, estableciendo que todos los ciudadanos debían defender la patria con las armas. Sin embargo, este principio de igualdad fue más teórico que real. Las leyes posteriores mantuvieron el sistema de quintas y permitieron las exenciones de pago, perpetuando la desigualdad social.

La injusticia de este sistema provocó debates encendidos en el Parlamento y fuertes críticas en la prensa. Las clases populares, que no podían pagar para evitar el servicio, veían cómo la llamada «contribución de sangre» recaía sobre sus hombros. Este descontento se tradujo en protestas recurrentes a lo largo del siglo XIX. Las quintas se mantuvieron como el principal método de reclutamiento, especialmente en momentos de necesidad bélica, como la Guerra de Independencia, las Guerras Carlistas o los conflictos en las provincias.

Uno de los momentos más significativos en la historia del reclutamiento militar español fue la aprobación, en 1851, de un Real Decreto que regulaba oficialmente la redención a metálico. Este decreto legalizó un sistema que beneficiaba a las clases acomodadas, quienes podían evitar el servicio militar pagando una suma de dinero al Estado, mientras los menos favorecidos debían servir. Aunque se intentó modificar el sistema en varias ocasiones, la redención y la sustitución continuaron siendo prácticas habituales, generando enormes desigualdades.

El descontento popular se intensificó durante el Sexenio Democrático (1868-1874), cuando la abolición de las quintas se convirtió en una de las principales demandas sociales. Sin embargo, las constantes guerras, como la Guerra de los Diez Años en Cuba y la Tercera Guerra Carlista, dificultaron la implementación de un sistema más justo. Las Juntas Revolucionarias y ayuntamientos progresistas intentaron aliviar la carga sobre los más pobres, llegando incluso a pedir préstamos para pagar las redenciones de los jóvenes. No obstante, la realidad era que las quintas seguían siendo una fuente de tensiones sociales y políticas.

En 1873, la Primera República decretó la abolición de las quintas y propuso reemplazarlas por un sistema basado en soldados voluntarios. Sin embargo, la falta de recursos económicos y el escaso número de voluntarios, sumados a las guerras en curso y las revueltas cantonalistas, hicieron inviable esta reforma. En poco tiempo, el sistema de quintas fue restablecido, perpetuando las desigualdades que lo caracterizaban.

El cambio definitivo comenzó a gestarse tras los desastres del 98, que llevaron a una reflexión sobre el estado del ejército y el sistema de reclutamiento. La Semana Trágica de Barcelona, en 1909, marcó un punto de inflexión. Durante la guerra de Melilla, se ordenó el reclutamiento de 14.000 reservistas, muchos de ellos hombres casados y con hijos que ya habían cumplido el servicio militar.

Las escenas de despedida en los puertos, donde las familias protestaban y los soldados arrojaban al mar escapularios y medallas, simbolizaban el rechazo a un sistema profundamente injusto. Las revueltas en Barcelona, que comenzaron como una huelga general, derivaron en una insurrección violenta que dejó casi un centenar de muertos y miles de detenidos. La brutal represión posterior evidenció la urgencia de una reforma.

En 1912, bajo el gobierno de José Canalejas, se promulgó un Real Decreto que introducía el servicio militar obligatorio universal para todos los varones a partir de los 20 años. Inspirado en el modelo prusiano, este decreto eliminaba la redención a metálico y establecía el servicio como un deber personal. Aunque parecía un avance hacia la igualdad, se introdujo una nueva forma de privilegio conocida como «soldado de cuota». Este sistema permitía a quienes podían pagar una suma de dinero reducir la duración de su servicio militar a cinco o diez meses. Aunque todos debían servir, las clases acomodadas seguían beneficiándose de condiciones más favorables.

El sistema de «soldado de cuota» se mantuvo hasta después de la Guerra Civil, cuando fue eliminado por una ley de 1940. El servicio militar obligatorio continuó siendo parte de la vida de los jóvenes españoles durante gran parte del siglo XX, hasta que finalmente fue abolido en 2001 bajo el gobierno de José María Aznar. Con ello, España adoptó un modelo de ejército completamente profesional, cerrando un capítulo marcado por las tensiones sociales y las luchas por la igualdad en el reclutamiento.

A lo largo de casi dos siglos, el sistema de reclutamiento en España reflejó las contradicciones de una sociedad que aspiraba a la igualdad, pero que a menudo privilegiaba a las élites económicas. Desde las quintas y la redención a metálico hasta el servicio militar obligatorio, cada reforma estuvo marcada por tensiones entre las necesidades militares y las demandas de justicia social. El largo camino hacia un ejército profesional es también una historia de luchas populares, revueltas y debates sobre el lugar de los ciudadanos en la defensa de la patria.