La 'Ley de Seguridad Nacional' de Hong Kong obliga a Amnistía Internacional a cerrar sus oficinas

La organización global Amnistía Internacional cerrará sus oficinas en Hong Kong antes de que acabe el año, con motivo de preocupaciones por la protección de sus oficiales que intentan operar bajo las leyes de seguridad nacionales.

A raíz de esta decisión, que anunciaron este lunes 25 de octubre, Hong Kong se quedará sin la presencia de esta organización humanitaria por primera vez en 40 años. En su declaración, Amnistía contó que cerraría su oficina local, que se centra en los derechos humanos de la educación, este mes. Mientras, la sede regional se disolverá antes de que acabe el año. Sus operaciones de investigación, abogacía y campañas se trasladarán a otras oficinas de Amnistía en el pacífico asiático.

«Esta decisión, que tomamos con gran dolor de corazón, ha sido empujada por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que hace imposible que las organizaciones de derechos humanos trabajen libremente y sin miedo a serias represalias del gobierno», declaró la doctora Anjhula Mya Singh Bais, presidenta del foro internacional de Amnistía Internacional.

«Hong Kong siempre ha sido una base regional ideal para las organizaciones de derechos civiles internacionales, pero el reciente ataque a los derechos humanos locales señala una intensificación en la campaña de las autoridades para bloquear las voces disidentes de la ciudad. Se está poniendo cada vez más difícil para nosotros operar en un entorno tan inestable».

La ley de seguridad nacional a la que se refiere Bais se introdujo en junio de 2020, y deslegalizó los actos que considera crímenes de conflicto extranjero, terrorismo, secesionismo, y subversión. Más de 150 personas han sido ya arrestadas bajo esta ley, y mas de la mitad se llevaron también cargos.

Una gran porción de estas detenciones se compone de actos no violentos relacionados con las quejas políticas, incluyendo la posesión de parafernalia prodemocracia o posindependencia, así como el hacer posts online. Docenas de activistas, políticos, y antiguos legisladores se han visto encarcelados y esperando cargos relacionados con una elección no-oficial el año pasado.

Esta ley también ha causado el cierre de periódicos y la detención de sus empleados, y la disolución de muchos grupos políticos y de derechos civiles. Ya en 2019, Amnistía Internacional alertaba de un «inquietante patrón» de violencia policial contra los manifestantes. El mes pasado, comentó que las autoridades tenían «poderes de investigación prácticamente sin restricción» bajo esta ley.