Xiomara Castro inaugura su Gobierno con una cuestionada amnistía

Llegó la hora de gobernar. La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, empezó el mandato con mal pie y parece que no va a ser capaz de enderezarse en el camino. Primero fue el escándalo de la doble titularidad del Congreso (sin resolver) y ahora el olvido de su promesa de campaña de lucha contra la corrupción y firmeza con la justicia. La mujer del ex presidente Manuel Zelaya, en menos de dos semanas, decidió dar prioridad en su agenda a una ley de amnistía o impunidad, que libera a todos los condenados durante el Gobierno de su marido.

La denominada «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan», concede: «amnistía general, amplia e incondicional (...) a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de Junio 2009». Es decir, durante el Gobierno de Zelaya, como observa AFP. La misma incluye a «acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado (contra Zelaya) y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados». La amnistía, de acuerdo al desarrollo del texto, también favorecerá a quienes fueron encarcelados por manifestarse contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro.

Zelaya fue derrocado en 2009 por una alianza cívico-militar, que le cuestionó su acercamiento al chavismo en la Venezuela socialista. Sectores anticorrupción consideran que la norma no sólo puede favorecer a funcionarios suyos, procesados tras su derrocamiento, sino a otros que han cometido delitos más comunes que vinculados a la actividad política .

Algunos funcionarios del gobierno de Zelaya están procesados por supuesta corrupción, incluyendo uno de los diputados cercanos a Luis Redondo, el presidente de la Cámara leal a Castro. «No podemos permitir que los delitos contra la administración pública puedan ser eximidos», expresó Odir Fernández, representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de la sociedad civil. «Un nuevo pacto de impunidad», escribió en su cuenta de Twitter Edmundo Orellana, ministro asesor en materia de Transparencia y Combate de la Corrupción nombrado por Castro, tras asumir el poder el 27 de enero.

El abogado del gremio de empresarios, Gustavo Solórzano, denunció: «Es un abuso que se pretende dar, es un pacto de impunidad que nosotros no compartimos». Por último, añadió que esta disposición no debería tener validez por el conflicto sobre la legalidad del Congreso.