Asesinan en Pakistán a dos hermanas vecinas de Tarrasa que se resistieron a un matrimonio forzoso

Un nuevo crimen de honor en Pakistán se ha cobrado la vida de dos hermanas, vecinas de Tarrasa, asesinadas por sus propios familiares al solicitar el divorcio a sus primos, con quienes las habían obligado a casarse.

Las dos jóvenes, de 20 y 24 años, eran originarias de Gujrat, localidad de la provincia oriental paquistaní de Punjab.

Las dos hermanas paquistaníes residentes en la provincia de Barcelona viajaron el jueves 19 de mayo a Pakistán, donde sus familiares les habían preparado una trampa.

Al llegar a su país, las hermanas se encontraron con que, lo que ellas creían que iba a ser un reencuentro familiar, era una encerrona para obligarlas a volver a España con sus maridos, residentes en Pakistán, de quienes querían divorciarse para volver a casarse.

Al negarse, las secuestraron, torturaron y asesinaron. «Fueron estranguladas y recibieron un disparo mortal mientras dormían», ha declarado a Efe un portavoz de la Policía local, Nauman Hassan, que avanzó que han arrestado a seis sospechosos.

«Hoy la policía consiguió cinco días de prisión preventiva para seis de los presuntos asesinos. Los imputados fueron detenidos ayer, durante las 24 horas posteriores al suceso. Según la investigación inicial, las hermanas fueron asesinadas por honor», ha explicado Hassan.

El portavoz ha asegurado que las jóvenes, tras caer en la «trampa», habían regresado el jueves a Pakistán, y sus familiares intentaron que las hermanas intercedieran por sus primos ante las autoridades españolas, con los que las habían casado «hace más de un año», para que pudieran «emigrar a España».

«Las hermanas (...) querían divorciarse tras el matrimonio concertado y ambas deseaban casarse con otros», ha concluido Hassan, quien ha agregado que todavía hay tres sospechosos sin arrestar, y que el padre de las jóvenes «todavía está en España». La madre se ha negado a interponer una denuncia, algo habitual en este tipo de crímenes.

Aunque en un principio se creyó que las dos jóvenes tenían nacionalidad española, fuentes de la embajada de España en Islamabad precisaron a Efe que las hermanas son paquistaníes con permiso de residencia en España, donde estaban domiciliadas en Cataluña.

El Ayuntamiento de Tarrassa ha informado a Efe de que todavía no han recibido la confirmación oficial de que son vecinas de la ciudad y que cuando llegue activarán el «protocolo de duelo» establecido en estos casos.

Al no ser ciudadanas españolas, no se puede activar el servicio de asistencia consular de la embajada, han advertido.

Además, se trata de paquistaníes que se encuentran en su propio país, por lo que son las autoridades de Pakistán las que se ocupan del suceso.

Este tipo de casos, sin embargo, no son algo aislado y, según explicaron las fuentes diplomáticas, en los últimos años la embajada española ha atendido varias peticiones de auxilio de ciudadanas españolas de origen paquistaní a las que tenían secuestradas.

En ocasiones llegaron incluso a llevar a cabo operaciones de rescate, en las que informaban primero a la mujer de que a cierta hora de la noche le esperaría un coche para trasladarla directamente a la embajada, donde luego recibía protección consular.

Los conocidos como crímenes de honor son habituales en el sur de Asia y suelen implicar a varones de una familia que vengan lo que consideran una afrenta que contraviene la conservadora moral familiar de las sociedades locales.

Según datos de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), solo el año pasado se registraron 478 crímenes de honor en el país. Entre 2004 y mayo de 2018 esa cifra ascendió a 17.628 casos, si bien se cree que el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de denuncias, sobre todo al tratarse de familiares.

El Gobierno paquistaní aprobó en 2016 una ley que prohíbe el perdón de los familiares de las víctimas en este tipo de delitos, un agujero legal con el que muchos hombres quedaban libres tras matar a una mujer, en general una hermana o una esposa.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y activistas advierten de que la ley ha tenido poco impacto a la hora de poner freno a estos crímenes.