Perú
Corrupción y negligencia, los males de Pedro Castillo que hunden Perú
La Fiscalía investiga al presidente y varios miembros de su familia están procesados y prófugos de la justicia
Pedro Castillo ha instalado a Perú en una crisis permanente. El presidente no logra tomar las riendas del país ni parece capaz de formar un gabinete medianamente sólido y duradero.
A su incapacidad manifiesta se suma la larga sombra de la corrupción sobre él y parte de su familia: dos sobrinos están con orden de busca y captura prófugos de la justicia.
Organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada son algunas de las imputaciones que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, atribuye al hombre que ocupa la Jefatura del Estado.
Las causas contra Castillo se arrastran desde el pasado año. No ha necesitado mucho tiempo el presidente para que se investiguen las adjudicaciones irregulares de compra de biodiésel, presiones en los ascensos militares y la licitación bajo sospecha de la construcción de un puente en la región de San Martín, a través de una presunta red mafiosa que operaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La Fiscalía de la Nación, en un mensaje en Twitter, intentó desterrar la idea de la paralización de un Gobierno de por sí estancado. Pedro Castillo, escribió en su cuenta oficial, «tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política».
El mencionado artículo, informa Efe, establece que solo puede ser acusado, durante su Legislatura, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso fuera de los casos previstos en la Carta Magna.
Ninguno de esos supuestos le calza al profesor más iletrado que haya pasado por la Casa de Pizarro, sede del Ejecutivo. En definitiva, Castillo está blindado, judicialmente, por los supuestos delitos que habría cometido.
Otro asunto es lo que sucede en el hemiciclo, donde su puesto está, también de forma permanente, en la cuerda floja y las apuestas e intentos para incapacitarle se cotizan desde hace tiempo al alza.
La delatora
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
Durante un interrogatorio ante la comisión de Fiscalización del Congreso, López mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se han dictado 36 meses de prisión preventiva, pero que actualmente son prófugos de la Justicia.
Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes
«Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes, porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud», afirmó en esa oportunidad.
La empresaria, identificada como una lobista con vínculos en las altas esferas del poder, rechazó que haya recibido algún pago por testificar ante la Fiscalía. Pero su confesión vino acompañada de una solicitud para acogerse como colaboradora o testigo protegido, en una investigación por lavado de activos.
A inicios de año, la ahora exfiscal de la Nación Zoraida Avalos decidió suspender las investigaciones contra Castillo hasta el final de su gobierno (2021-2026) después de haberlo sometido a un interrogatorio, pero el Ministerio Público siguió adelante con las pesquisas contra el resto de implicados.
La Justicia ordenó la comparecencia con restricciones para López, mientras que también dispuso 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, así como contra Pacheco y cuatro empresarios, quienes son investigados por presuntamente integrar una red criminal.
Esa resolución también dispuso, informa Efe, que se emitan las órdenes de busca y captura contra Vásquez, Castillo y Pacheco, «quienes se encuentran en calidad de no habidos», remarcó el Ministerio Público.
La Fiscalía investiga los presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Según el Ministerio Público, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
Castillo ha rechazado estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder.
Tras conocerse las declaraciones de López ante la Fiscalía, la oposición política presentó en marzo pasado una moción de destitución del gobernante por una «presunta incapacidad moral», una solicitud que finalmente fue rechazada por el pleno del Congreso. No fue la primera y con certeza, no será la última.