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Boris JohnsonEFE

Johnson desafía a la UE y reescribe unilateralmente el Protocolo de Irlanda del Norte

Antes de nada, conviene un recordatorio. La República de Irlanda es un país independiente que forma parte de la Unión Europea, mientras que el territorio con el que comparte isla, Irlanda del Norte, no es más que una región de Reino Unido.

Sin embargo, no existe una frontera con aduana entre las dos Irlandas; en su lugar, las inspecciones y controles al ingreso de productos de la UE se encuentran en Gran Bretaña.

Este problema para Reino Unido, que perjudica a ese sector del territorio irlandés, ha provocado que el Gobierno de Boris Johnson tomara cartas en el asunto y rompiera la baraja de los acuerdos firmados con la UE.

Y lo ha hecho una semana después de que el asunto del Partygate culminase con una moción de censura al premier, que la superó de milagro. Los deseados cambios al Protocolo de Irlanda del Norte son una forma perfecta de distraer y ganarse de nuevo a la población.

Westminster anunció un plan unilateral para despojar a la Unión Europea de su autoridad en Irlanda del Norte, que aún tendrá que someterse a voto y deliberación dentro del Parlamento.

El bloque no tardó en denunciar esta decisión sobre la que no tuvo ni voz de voto, a pesar de estar directamente involucrado; tanto Europa como la oposición de Johnson la tachan de «ilegal».

Los cuatro pilares de la reforma

Londres describe los cambios planteados al Parlamento como «triviales», aunque las reformas que detalla el Ministerio del Exterior transformarán profundamente la frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y entre ésta y la República de Irlanda.

Para empezar, Johnson propone un «carril verde» para los productos venidos de y encaminados a Escocia, Gales, e Inglaterra. Se tratará de un camino despejado por el cual las exportaciones circulan sin burocracia ni inspecciones.

A cambio, existirá un «carril rojo» que someterá a los productos europeos al mismo nivel de control al que antes se enfrentaba Reino Unido.

También buscarán establecer un «modelo de regulación doble» que permitirá a las empresas flexibilidad a la hora de elegir entre la normativa de Reino Unido, y la de la Unión Europea. Simultáneamente, asegurará que el Gobierno británico pueda implementar las mismas regulaciones en Irlanda del Norte que en el resto del país.

La reforma de Johnson «lidiará con la gobernanza desigual del Protocolo» al eliminar la autoridad de la Corte de Justicia Europa.

La UE no ha tardado en responder, y amenazar a Westminster con represalias legales.