La Junta Militar birmana hace de frontón de las ONG que piden el fin de las ejecuciones

El golpe de Estado fue efectivo y el gobierno que le sucedió con la Junta Militar sigue esa línea de violencia. Un año largo después de la asonada, las ejecuciones extrajudiciales alcanzan cifras estremecedoras.

La persecución a los opositores y activistas en contra de la dictadura se sabe como empieza y cómo termina: con la muerte de la mayoría. Desde entonces, cerca de dos mil personas han perdido la vida.

Los últimos en ocupar el pasillo del verdugo son cuatro activistas reconocidos por el régimen que han logrado movilizar a organizaciones humanitarias en todo el mundo.

Hasta 112 ONG han pedido hoy a la junta militar de Birmania -informa Efe- que «frene inmediatamente» las «ejecuciones arbitrarias» de esos cuatro disidentes, que se prevén inminentes, y que serían las primeras de las pasadas tres décadas.

En un comunicado divulgado por Amnistía Internacional (AI), las organizaciones subrayan su «grave preocupación» por el reciente anuncio de las autoridades militares birmanas de que las condenas de muerte impuestas a cuatro personas «tras procesos flagrantemente injustos» han sido aprobadas.

Entre los condenados a muerte están el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), Phyo Zeya Thaw, y el activista Ko Kimmy, hallados culpables de terrorismo en enero a raíz de sus actividades contra la junta, que gobierna el país desde el golpe de Estado de los militares ejecutado en febrero de 2021.

Los otros dos detenidos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuesta confidente de los militares.

La prensa oficialista birmana informó el pasado 3 de junio de que las ejecuciones habían sido aprobadas, decisión criticada por la ONU y numerosas ONG, a las que se suman las 112 organizaciones de la carta divulgada hoy a través de AI.

Además de dicha organización, la misiva está firmada por oenegés de distintos países, como ACAT-France, Answer Myanmar (Reino Unido), GCADP (la coalición alemana por la abolición de la pena de muerte), varias entidades australianas y decenas de grupos no gubernamentales birmanos, entre ellos la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP).

Este grupo lleva el recuento de víctimas desde la asonada que tuvo lugar en Birmania el 1 de febrero de 2021, dando portazo a una década de transición democrática y deteniendo a docenas de miembros de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi, que había arrasado en los comicios del noviembre pasado, tachados de fraudulentos por los generales como excusa para dar el golpe.

Según los últimos datos de AAPP, 1958 personas han sido asesinadas por los militares desde entonces, y 14.139 han sido detenidas.

Amnistía Internacional subraya que la última ejecución de un reo en Birmania, que no ha revocado la pena capital, fue en 1988, cuando el país estaba inmerso en unas protestas pro democracia que sirvieron de germen para la NLD de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ahora arrestada bajo cargos que acarrean años en prisión.

Desde el golpe militar de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte en Birmania, un país donde los condenados a la pena de capital eran hasta ahora indultados en fechas señaladas y sus condenas conmutadas por años en prisión.

El Departamento de Prisiones es el encargado de decidir cuándo proceder con las ejecuciones, según medios locales, que podrían ser inminentes.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que luchan contra el Ejército.