Presidente de Perú Pedro Castillo
Perú
El intento de Pedro Castillo de no pasar por el banquillo se derrumba: la justicia rechaza su recurso
El presidente de Perú trata de impedir que se le investigue como cabecilla o integrante de una organización criminal creada desde el Estado
Pedro Castillo no levanta cabeza. El presidente de Perú se encuentra, de forma permanente, en el rincón de las acusaciones y en la cuerda floja de su destitución.
Todos los males que se pueden atribuir a un Ejecutivo los concentran sus sucesivos gabinetes de Gobierno. Por si esto fuera poco, la corrupción le pisa los talones a él y a su familia en tiempo récord.
En este escenario logra salvarse una y otra vez pese a tener la soga de su cese al cuello. En el plano judicial, esquiva como puede sus comparecencias pero el último intento ha sido un fracaso y salvo éxito de apelación al Supremo, deberá dar la cara.
El juez del Tribunal Supremo peruano, Juan Carlos Checkley, declaró infundada la «tutela de derechos» presentada por Castillo. Con esta figura jurídica pretendía interrumpir la investigación abierta en su contra por la Fiscalía de la Nación.
El recurso presentado por el mandatario se basó en que la Constitución sólo permite el procesamiento de un jefe de Estado en ejercicio en casos de traición a la patria o impedir las elecciones.
Castillo se agarró como clavo ardiendo a estos supuestos para solicitar que se anulara la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró a RPP Noticias -informa Efe- que lo que corresponde ahora es «apelar» y que será la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la que resuelva si la interpretación del juez Checkley «es correcta o incorrecta».
El jefe de Estado es investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata II, una obra pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la que están también implicados el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos de Castillo.
Durante la audiencia en la que se expuso el caso, el fiscal Samuel Rojas afirmó que «es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción».
Los sobornos
Además de los indicios contra el mandatario en la adjudicación de la obra, Rojas informó de que existen audios que revelaron que el empresario Zamir Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) al exministro Silva para dárselos a Castillo.
Asimismo, el fiscal citó los indicios de que la colaboradora eficaz Karelim López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en la casa que usó durante la campaña electoral en la calle Sarratea de Lima.
El lunes al Congreso
A raíz de la investigación preliminar de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del Congreso ha pedido interrogar a Castillo el próximo lunes sobre sus reuniones con los imputados en la presunta organización criminal y el mandatario ha asegurado que responderá a los parlamentarios ese día.
El titular de esa comisión, Héctor Ventura, pidió al mandatario que «honre su palabra» porque «el país espera su declaración».
Ventura, del partido fujimorista Fuerza Popular, informó que el abogado de Castillo puede acudir a las oficinas del grupo parlamentario para revisar toda la documentación que tienen sobre el caso, antes del interrogatorio del próximo lunes.