El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió un ofensiva judicial por el caso Ayotzinapa
Hispanoamérica
El Gobierno de AMLO desata una cacería por el «crimen de Estado» de Ayotzinapa
la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), concluyó el jueves que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.
Tras este anuncio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el caso de Ayotzinapa «no está cerrado» y «la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia», manifestó en su rueda de prensa matutina, realizada en Tijuana.
A raíz de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes de la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam fue detenido por el caso Ayotzinapa
De acuerdo con las autoridades judiciales, su arresto se da por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso «Ayotzinapa».
«El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía (en Tacubaya, en la Ciudad de México) para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada», agregó la FGR.
¿Qué pasó en Ayotzinapa?
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de Tlatelolco, en 1968.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa «verdad», al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Se están llevando a cabo las diligencias judiciales correspondientes (...) todos los responsables deberán de ser castigados
El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, quien presentó el reciente informe sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sostuvo que «existen elementos» para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.