China se sitúa otro año más a la cabeza en la lista de ejecuciones por pena de muerte

China sigue a la cabeza en la lista de países con más ejecuciones por pena de muerte en el mundo. El país asiático lleva desde 2009 inmerso en un secretismo total acerca del número de ejecuciones.

El totalitario gobierno comunista de Pekín ha dejado de publicar las cifras sobre ejecuciones llevadas a cabo en su territorio, aunque se estima que estas ascienden a más de 1.000 en 2021, señaló Amnistía Internacional. China cataloga estas cifras como «secreto de Estado».

En 2021, las condenas a muerte a nivel mundial ascendieron a 2.052. En ese año se han ejecutado a 579 personas.

Tras China, los países donde mayor número de sentencias a pena de muerte se ejecutaron en 2021 han sido Irán, con 314 ejecuciones, y Egipto, con 83 ejecuciones. Arabia Saudí ejecutó en 2021 a 65 condenados a muerte.

En cuanto a Corea del Norte, el informe no ha logrado recabar datos del hermético régimen comunista encabezado por Kim Jong un.

Las 2.052 sentencias a pena de muerte en 2021 se han dictado en 56 países, lo que supone un aumento de condenas de un 39 % respecto al año 2020.

A finales de 2021, 28.670 personas en todo el mundo recibieron condenadas a muerte.

La ejecución de estas sentencias ha dado lugar a 579 muertes, que, aunque ha superado a 2020, es la segunda cifra más baja desde 2010.

Métodos de ejecución

Los métodos de ejecución más empleados son la decapitación, el ahorcamiento, la inyección de sustancias tóxicas y el disparo con arma de fuego.

En el informe de Amnistía Internacional se expresa la preocupación por el alto número de países donde la pena de muerte está vigente.

La gran mayoría de países que prevén la pena capital en sus ordenamientos jurídicos se encuentra en Asia y África, con una clara presencia de países musulmanes.

Al finalizar 2021, más de dos tercios de los países del mundo habían derogado la pena de muerte en su legislación, o han dejado de aplicarla.

En 108 países, se había abolido la pena para todo tipo de delitos, y 144 países la habían abolido de facto y de iure. En 55 países aún se conservaba la pena de muerte.

El punto positivo es el descenso de la tendencia a la condena a pena de muerte, aunque está lejos de su desaparición.

Amnistía Internacional registró indultos a condenados a la pena capital en 19 países: Bangladesh, Botsuana, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guyana, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Pakistán, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabue.

Según Photini Pazartzis, presidenta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto el respeto hacia la dignidad e igualdad humana, como la no discriminación, son fundamentales para la ley sobre los derechos humanos.

La imposición de la pena de muerte no puede ser conciliada con estos preceptos de los derechos fundamentales.

«La vigencia de la pena de muerte no puede ir de la mano con un pleno respeto al derecho a la vida y el derecho a vivir libre de torturas o tratos inhumanos. La abolición, de iure y de facto de la pena de muerte es tanto necesaria como deseable para la mejora de los derechos y la dignidad humana».