El Gobierno de Meloni se vuelca con las familias y empresas italianas en sus primeros presupuestos
Unos presupuestos sociales, en los que las familias y empresas italianas tienen el protagonismo, un golpe sobre la mesa que desmonta muchos de los ataques que ha recibido Giorgia Meloni y su partido, Fratelli d’Italia, desde la izquierda.
Así son los primeros presupuestos presentados por el gobierno de Meloni en Italia que, en las próximas semanas, deberán ser sometidos a debate y enmiendas para su aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados antes del 31 de diciembre.
La fecha no es baladí, es el tope marcado por la Unión Europea a Roma para que presente sus números de cara al acceso al nuevo tramo de los fondos Next Generation de recuperación tras la pandemia.
Los presupuestos, aprobados por el Consejo de Ministros en la madrugada del lunes al martes, prevé para 2023 un gasto de 35.000 millones de euros de los que 21.000 millones se destinará a ayudas a las familias y las empresas para hacer frente al incremento del precio de la energía, señaló el comunicado del gobierno italiano recogido por Efe.
De todas las medidas destinadas a ayudar a las familias, la medida estrella es el bono de ayuda a las familias con bajos recursos, dotado con un fondo de 500 millones de euros, para familias con ingresos anuales inferiores a los 15.000 euros.
Otra de las medidas estrella es la eliminación del IVA para el pan y la leche, así como la reducción del 10 % al 5 % del IVA a productos de higiene femenina, pañales y productos para bebés.
La Ley de presupuestos, señala el comunicado del Consejo de Ministros, «se basa en un enfoque prudente y realista que tiene en cuenta la situación económica, también en relación con el escenario internacional y, al mismo tiempo, sostenible para las finanzas públicas, concentrando gran parte de los recursos disponibles en intervenciones de apoyo a los hogares y empresas para contrarrestar la energía cara y la inflación creciente».
El paquete hará que el déficit del próximo año se eleve al 4,5 % del PIB respecto al 3,4 % que se había previsto en septiembre.
Se destinarán 4.200 millones de euros para reducir la cuña fiscal -la diferencia entre el salario que paga un empleador y lo que un trabajador se lleva a casa- y el beneficio se destinará a los trabajadores de bajos ingresos.
También se introduce un tipo impositivo único del 15 % para autónomos con ingresos anuales de hasta 85.000 euros, frente al límite actual de 65.000 euros.
Por otro lado, el Gobierno de Meloni, a pesar de lo prometido en campaña electoral, por el momento no eliminará totalmente la denominada Renta de Ciudadanía, un subsidio para desempleados aprobado la pasada legislatura por el Movimento 5 Stelle.
Esta Renta de Ciudadanía continuará para las personas que por su situación no puedan acceder al mercado laboral y se encuentren en estado de vulnerabilidad, mientras que durará otros ocho meses para aquellos que puedan ser empleados y después se les retirará. Su eliminación está prevista en 2024.
Sobre la anunciada reforma de las pensiones, también ante la falta de recursos, se ha optado por un nuevo plan para anticipar la jubilación respecto a la actual ley que permitirá dejar de trabajar con 41 años de contribuciones y 62 años de edad, una medida que según los medios afectaría a unas 50.000 personas.
También se efectuará una especie de amnistía fiscal para las deudas de hasta 1.000 euros y el fraccionamiento de los pagos de impuestos no pagados en 2022 sin penalizaciones e intereses adicionales para quienes se hayan visto afectados por la COVID-19 y las facturas energéticas elevadas.
En los presupuestos también se incluyó la medida para el aumento de los pagos en efectivo de los actuales 1.000 a los 5.000 euros.
En 2023 se suspenderá la entrada en vigor del impuesto adicional que se puso al plástico y a los alimentos y bebidas azucaradas.
Además, con el objetivo de construir el puente que conecte Sicilia con la península, el proyecto de ley relanza la empresa que se había creado y que había sido liquidada.