La doble vara de medir de la UE según se trate de Sánchez o de Orbán

La polémica viene de lejos: en noviembre de 2020, la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, arremetía contra el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar, sin nombrarle, que «no somos nosotros los que criticamos a los Estados miembros donde [...] el Gobierno instruye directamente a la fiscalía, o donde los jueces son nombrados por actores políticos, sino que son ellos los que nos critican».

Por aquel entonces, ya arreciaba la polémica sobre la independencia de los jueces húngaros y la Comisión Europea ya blandía la amenaza de una suspensión de los fondos destinados al país magiar si éste no emprendía reformas encaminadas a «garantizar el estado de derecho».

Desde hace tres meses, sin embargo, Bruselas redobla la presión. Budapest se comprometió a mediados de septiembre a tomar una serie de medidas para cumplir de una vez por todas con lo pactado. Una primera evaluación fue realizada el pasado 19 de noviembre.

Ursula von der Leyen también sugiere pagar la cantidad del Plan de Recuperación que corresponden a Hungría una vez que este país haya culminado su reforma judicial

Sus resultados no convencieron a la Comisión, que a principios de esta semana formuló una propuesta que contempla bloquear el pago a Hungría del 65 % de los fondos europeos en nombre del «mecanismo de condicionalidad». La institución que preside Ursula von der Leyen también sugiere pagar la cantidad del Plan de Recuperación que corresponden a Hungría una vez que este país haya culminado su reforma judicial. Según los criterios bruselenses, obviamente.

Se aplicaría asimismo un reglamento que se promulgó junto al Plan de Recuperación y cuya legalidad fue avalada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el pasado febrero. Curiosamente, en abril, dos días después de la cuarta mayoría consecutiva obtenida por el primer ministro Viktor Orbán, la Comisión anunció que lo utilizaría contra Hungría.

Dicho y hecho, pues ambas propuestas serán debatidas en el Consejo Europeo, que agrupa a jefes de Estado y de Gobierno; y precisarán de una mayoría cualificada de dos tercios para entrar en vigor. A día de hoy, el Gobierno húngaro no dispone de aliados suficientes entre el resto de Estados miembros suficientes para conformar una minoría de bloqueo.

Y menos aún en el seno de las instituciones europeas: si bien las dos propuestas sancionadoras han sido abanderadas por el comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, el ejercicio de la presión agobiante sobre Budapest corre a cargo del titular de Justicia, el belga Didier Reynders.

Didier Reynders es todo un experto en manejar la doble vara de medir según se trate de España o Hungría

Este último es todo un experto en manejar la doble vara de medir según se trate de España o Hungría. A finales de septiembre, de visita en Madrid, obtuvo un compromiso muy genérico y laxo del Gobierno en lo tocante a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En los últimos días, en plena polémica sobre la designación, por parte del Gobierno, del exministro Juan Carlos Campo para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional (TC), Reynders ha declarado que no solo España «no es el único país en nombrar exministros» para organismos similares.

Giuliano Amato, presidió la Corte Constitucional de Italia hasta hace tres meses, pero llegó cinco años después de haber cesado en el gobierno

Cierto es que dos antiguos primeros ministros, Laurent Fabius y Alain Juppé, forman parte del actual Consejo Constitucional de Francia y que un expresidente del Consejo de Ministros, Giuliano Amato, presidió la Corte Constitucional de Italia hasta hace tres meses. Mas Amato llegó al romano palacio de la Consulta cinco años después de haber cesado de su último cargo ministerial.

Juan Carlos Campo hace menos de año y medio aún era titular de Justicia, después de haber sido diputado socialista durante dos legislaturas

Un periodo prudencial que difiere mucho del de Campo, que hace menos de año y medio aún era titular de Justicia, después de haber sido diputado socialista durante dos legislaturas. De resultar elegido magistrado del TC, tendría que abstenerse en resolver seis recursos que afectan a leyes en las que intervino como ministro.

En Hungría, todos los magistrados del Tribunal Constitucional son juristas de reconocido prestigio y carecen de afiliación partidista

En Hungría, todos los magistrados del Tribunal Constitucional son juristas de reconocido prestigio y carecen de afiliación partidista, siendo la excepción Laszlo Salamon, que fue parlamentario durante dos décadas.

En cuanto al equivalente magiar del CGPJ, la totalidad de sus miembros son designados por los jueces. Y no por los políticos.

En el equivalente magiar del CGPJ, la totalidad de sus miembros son designados por los jueces y no por los políticos

Una doble vara de medir que se hace extensiva al ámbito antropológico: el 15 de julio de 2021, la Comisión Europea lanzó un procedimiento contra Hungría en relación con la ley votada semanas antes por el Parlamento, que prohibía el adoctrinamiento LGTB en los contenidos de todo tipo dirigidos a menores. Una pieza legislativa que goza de un amplio apoyo social.

Pues bien, el equipo de Von der Leyen desplegó toda su artillería jurídica contra el Gobierno de Orbán, al que acusó de transgredir dos directivas y dos pilares del funcionamiento de la UE: la libre circulación de bienes y libertad para ofrecer servicios. Una base suficiente, según la Comisión, para exigir explicaciones a Hungría en un plazo de cuatro meses.

Los plazos

Como no las dio, optó el pasado mes de julio por la vía judicial. Una decisión celebrada por los lobbies homosexuales, que aprovecharon la ocasión para pedir más sanciones financieras contra Hungría, incluso antes de que el Tribunal de Justicia de la UE emita su fallo. Más este caso está desligado del mecanismo de condicionalidad. Es el único punto en el que los lobbies no verán satisfecha su exigencia.

Bruselas acusa a Budapest de haber obligado al editor de un libro de propaganda gay a insertar un aviso en cada ejemplar. Medida clásica de protección a la infancia, que también figura entre las prioridades de la Unión Europea

También acusaba Bruselas a Budapest de haber obligado al editor de un libro de propaganda gay a insertar un aviso en cada ejemplar. Medida clásica de protección a la infancia, que también figura entre las prioridades de la Unión Europea.

Adoctrinamiento sexual en España

De ahí que llame la atención que Bruselas, en nombre de esa protección a la infancia, no se haya preocupado por el adoctrinamiento en las aulas españolas. Por ejemplo, por la Guía de Familias elaborada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, muy difundida en miles de colegios de España, y cuyo contenido es, a veces, rayano en la pornografía.

Créditos a la familia

Uno de los mayores problemas de España, que nadie niega –ni la UE–, es su crisis demográfica. Hungría también tiene la suya. Para remediarla, puso en marcha el «Csok», acrónimo de «ayuda a la creación del hogar familiar», que abarca un original sistema de préstamos bancarios garantizado por el Estado a un tipo del 3,04 %.

Para las parejas, casadas o no, que deseen tener descendencia, se les concede un crédito de hasta 27.000 euros a un tipo del 0,4 %: al nacer el primer hijo, el tipo pasa al 0 %. Cuando nace el tercero, el Estado asume la integralidad de la deuda con la entidad bancaria. ¿Por qué Von der Leyen, madre de 7 hijos, no presiona a Sánchez para implantar un sistema similar?