Quién es quién en el Qatargate

El Qatargate dispone de todos los ingredientes de una trama en la que se mezclan desvío de dinero público, pago de favores a un pequeño país rico y disfrute de dinero sucio por quienes abogan por reglas más severas en la lucha anticorrupción.

Eva Kaili, de 44 años, antigua presentadora de televisión y eurodiputada socialistas por Grecia, es la clave de bóveda de la trama, y a quien la inmunidad parlamentaria no ha impedido ser detenida, al haber sido cogida en situación de delito flagrante.

Permanece en prisión provisional en una cárcel belga; lo mismo que su padre, a quien la policía sorprendió intentando huir con bolsas llenas de dinero.

El pasado 22 de noviembre defendió con fervor ante el Parlamento Europeo a Qatar, país al que había viajado pocos días antes.

En Bruselas y Estrasburgo fue miembro de dos instancias cuya importancia estratégica -para sus propios intereses- se entiende ahora, una vez que ha estallado el escándalo.

La primera es la Delegación para la Relaciones con el Magreb; la segunda, la Subcomisión de Derechos Humanos. En ambas, colocó tan pacientemente a sus allegados y tejió una poderosa red de contactos.

Después de dejar su escaño, mantuvo su influencia en las instituciones europeas a través de la ONG «Luchando contra la impunidad», nombre que cobra estos días toda su ironía.

Los magistrados encargados de la investigación sospechan que es el jefe de una vasta organización financiada por Qatar, con la misión de influir en la política del Parlamento Europeo mediante la corrupción. De momento han encontrado en su domicilio 600.000 euros en efectivo. También han sido detenidas su mujer y su hija.

Francesco Giorgi, de 33 años. Fue asistente parlamentario de Panzeri. Ahora desempeña las mismas funciones ante el eurodiputado, italiano y socialista, Andrea Cozzolino, a quien ha señalado en sus primeros interrogatorios policiales. Giorgi es, asimismo, directivo de «Luchando contra la impunidad», y comparte desde hace cinco años la vida de la eurodiputada Eva Kailli.

Andrea Cozzolino, de 60 años, eurodiputado socialista por Italia y actual presidente de la Delegación para las Relaciones con el Magreb, función en la que tomó el relevo de Panzeri. Su asistente parlamentario es Francesco Giorgi.

Luca Visentini, de 53 años de edad, fue hasta el pasado noviembre secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos y, desde esa fecha, que representa a más de 200 millones de afiliados y a 338 sindicatos de 168 países.

Su papel en la trama sigue sin estar claro del todo. Ha sido puesto en libertad a la espera de que la justicia belga se pronuncie sobre su futuro,

Niccolò Figa-Talamanca, lobista y presidente de la asociación «No Hay Paz Sin Justicia». Permanece en libertad, si bien ha de llevar un brazalete electrónico.

Michel Claise, de 66 años, juez en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, a cuyo cargo corre la investigación de la trama. Cuenta con larga experiencia en tratamiento de delitos económicos y financieros.

A título de ejemplo, fue él quien instruyó el caso del banco HSBC, que se saldó para la entidad con una multa de 300 millones de euros, la de mayor cuantía jamás pagada en Bélgica.

Según el diario La Libre Bélgique, Claise, de orígenes humildes y autor de varias novelas policíacas, es una persona campechana, que no duda en relacionarse con los medios de comunicación, a los que recibe en pantalón vaquero y jersey. El juez admite abiertamente su pertenencia a la masonería porque, dice, le permite fomentar «la reflexión interior y el enriquecimiento (mutuo) a través del encuentro».