Rainer Wieland, el principal enemigo de la transparencia en el Parlamento Europeo

«El daño a la institución será difícilmente previsible». Esa fue la reacción del democristiano alemán Rainer Wieland, uno de los más influyentes vicepresidentes de la «institución» –el Parlamento Europeo–, nada más estallar el Qatargate.

Ocurre, sin embargo, que Wieland es uno de los eurodiputados que más empeño ha puesto en frenar reformas encaminadas a aumentar la transparencia en el seno del órgano legislativo europeo. Sobre todo, en relación con la actividad de sus miembros.

Las ocasiones en que Wieland ha usado de su influencia –considerable, según los conocedores de los entresijos de Bruselas y Estrasburgo– para retrasar, fagocitar, vaciar de sustancia o hacer saltar por los aires cualquier intento de mejora son incontables.

En septiembre de 2013, por ejemplo, cuando ya presidía el Grupo de Trabajo interinstitucional de alto nivel con la Comisión sobre la revisión del Registro de Transparencia, advirtió sobre las consecuencias negativas que tendrían algunas propuestas innovadoras. Logró pararlas.

Dos meses después, los entonces eurodiputados Rebecca Harms y Daniel Cohn-Bendit pidieron al entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el relevo de Wieland al frente de la citada instancia. En vano.

Pocas semanas tardó el aludido en replicar: en enero de 2014, mediante carta dirigida a Schulz, y tras reivindicar éxitos menores y enumerar formulaciones genéricas -como «La confirmación del compromiso del Parlamento Europeo de establecer un Registro obligatorio en el futuro» o «una serie de propuestas concretas para mejorar el sistema actual», Wieland se escudó en dictámenes de los servicios jurídicos respectivos de la Comisión y el Parlamento Europeo, para rechazar el establecimiento de un Registro de Transparencia.

«Se comprobó», argumentaba el eurodiputado, que teniendo en cuenta «el artículo 298, apartado 2, del TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] sólo se aplica a la administración de la UE, no abarcaría a los miembros de las instituciones ni a las actividades legislativas de la Unión». En suma, no se podía imponer semejante registro a los miembros del Parlamento Europeo.

«Por otra parte», proseguía, «el artículo 352 del TFUE proporciona una base jurídica, pero el procedimiento legislativo a seguir requiere unanimidad en el Consejo y únicamente la aprobación del Parlamento».

En diciembre de 2018, volvió a la carga, afirmando que no era «realmente importante» que se supiera el desglose de los más de 4.000 euros mensuales que cada eurodiputado recibe en concepto de gastos. Una cantidad que supera los 40 millones anuales, cargados al contribuyente europeo.

Wieland logró, en abril de 2021, que un comité del Parlamento Europeo, rechazara una mayor transparencia. Fue la última votación sobre la materia antes del estallido del Qatargate.

Wieland, eso sí, hizo hace 4 años una pequeña concesión, no exenta de descaro, a la transparencia, al revelar que destinaba parte de sus más de 4.000 euros al bufete de abogados que fundó en 1992 y del que actualmente es socio. La firma jurídica «Theumer, Wieland & Weisenburger» tiene su sede en Stuttgart y cuenta con una delegación en Bruselas.

Según la web del bufete, Wieland trata asuntos relacionados con el Derecho de la Unión Europea. Es decir, que defiende a clientes ante las instituciones de la Unión. Quizás esta actividad paralela ayude a entender por qué es un firme defensor del «secreto profesional» que permite a los eurodiputados combinar su mandato con la participación en negocios privados.