El gobierno de Lula sigue la pista del dinero para saber quién pagó los autobuses de la turba de Brasilia

El Gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva avanza en su investigación en busca de los responsables o presuntos coordinadores del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el pasado domingo.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, comunicó que empiezan a tener resultados que podrían arrojar luz sobre un aspecto que considera imprescindible: la financiación de todos esos campamentos que se extienden por Brasil y en particular, del que estaba a unos 8 kilómetros del «Coliseo brasileño», como se refirió Dino a la sede del Poder Legislativo.

El titular de Justicia aclaró que «todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en materia económica. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación» y ya dispone de una «lista de todos los contratistas de autobuses».

Todos serán llamados a declarar porque los autobuses contratados no fueron para excursiones turísticasFlavio Dino, ministro de Justicia

La empresa a la que pertenecen los vehículos tiene, como es natural, registro de las personas que solicitaron sus servicios. De acuerdo a las palabras de Dino, «todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los autobuses contratados no han sido para excursiones turísticas».

El ministro, como hiciera Lula la tarde de los asaltos y la Corte Suprema al suspenderle 90 días de su cargo, volvió a responsabilizar al gobernador de Brasilia de los desmanes y la toma de las instituciones. Con otras palabras vino a sostener la misma teoría del Supremo que observó que los asaltos no se habrían podido producir sin la connivencia de las autoridades de la Capital Federal.

Su participación, insistió, «fue determinante» para ejecutar una operación que se veía venir desde el 30 de octubre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones en las que se impuso Lula, por menos de dos puntos, a Jair BolsJonaro.

El estado de Brasilia, corazón del poder, se encuentra intervenido por el Gobierno desde el domingo. La medida, equivalente con matices, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en España, supone que el gobierno central despoja de sus funciones al regional o «estadual» y las asume temporalmente como propias. En especial en lo que afecta a materias de seguridad.

Sobre la duración de esta medida, Dino aseguro que la voluntad del Ejecutivo es devolder las competencias «lo antes posible» aunque, advirtió, «habrá una revisión» del cuerpo de Policía.

El titular de Justicia, se refirió a los acontecimientos del domingo como el asalto al «Capitolio brasileño» en un claro paralelismo a los sucesos de hace dos años en Washington, cuando una turba violenta asaltó el Congreso de Estados Unidos. «Vivimos en el Capitolio brasileño. Con una diferencia, aquí no hubo muertos y sí más presos que allá», según recoge la Agencia Brasil.