Crece en Europa la preocupación por el Estado de derecho en España

Arrecian las críticas y la indignación en la Unión Europea ante la intromisión del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez en la independencia del poder judicial.

El eurodiputado del Partido Social Demócrata portugués, Paulo Rangel, criticó duramente en el hemiciclo de Estrasburgo la derogación del delito de sedición, la modificación del de malversación, el nombramiento de un exministro y personas cercanas al gobierno como jueces del Tribunal Constitucional y el incumplimiento de la sentencia sobre el castellano del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«Estamos muy preocupados por la situación del Estado de Derecho en España. Aquí estamos acostumbrados a hablar de Hungría y Polonia, y con razón», comenzó el eurodiputado Paulo Rangel.

A continuación, enumeró las maniobras efectuadas por el gobierno de Sánchez para obtener un poder judicial dócil a sus medidas legislativas de constitucionalidad cuestionada.

Recordó que «el Consejo General del Poder Judicial se encuentra completamente paralizado por las decisiones del gobierno. El ministro de Educación no ha aplicado las decisiones del Tribunal Superior de Cataluña. Hay indultos y amnistías para personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo, y el delito de sedición se ha modificado completamente, también el de malversación».

Criticó que estas reformas se introdujeran por medio de «un procedimiento acelerado y sin consenso». «Se aprobaron para favorecer a personas cuyos rostros y nombres conocemos (en referencia a los líderes independentistas condenados por el Supremo por el intento de golpe de Estado en Cataluña) y son totalmente inconstitucionales».

A continuación, se refirió al nombramiento de personas que formaron parte del gobierno de Pedro Sánchez, como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general del ministerio de Presidencia, Laura Díez, como jueces del Tribunal Constitucional.

Nunca he visto esto en ningún lugar de Europa: nombrar para el Tribunal Constitucional a alguien que fue ministro del gobierno

«Comisario, no olvide que un ministro y alguien muy cercano al gobierno fueron nombrados jueces del Tribunal Constitucional. El problema no es que fueran ministros. El problema es que eran miembros de este mismo gobierno, de esta mayoría», subrayó.

Aseguró que «nunca he visto esto en ningún lugar de Europa: nombrar para el Tribunal Constitucional a alguien que fue ministro del gobierno. Esto es totalmente contrario al estado de derecho».

«Lamento que un país como España, con una transición democrática que fue un ejemplo para todos nosotros, se vea ahora cuestionado por este problema de la independencia del poder judicial. Esto es, yo diría, una vergüenza. Una vergüenza para nosotros. Porque estábamos acostumbrados a admirar el modelo democrático de España y su respeto por el estado de derecho», concluyó.

Gyori advirtió que el gobierno de Sánchez trata de aplicar una agenda que «consiste en desmantelar el estado de derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles».

«Criminales a la calle. Nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia. Cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones. Criminalizar a los jueces por sus decisiones. ¿Es que no tienen ningún escrúpulo con la independencia de la justicia? ¿Y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro Estado de derecho?», señaló.