La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernandez, viuda de Néstor Kirchner, y el presidente Alberto Fernández
Argentina
Alberto Fernández victimiza a Cristina y denuncia la «violación» de sus derechos ante la ONU
En un acto atípico y sin precedentes la delegación argentina ante el Consejo de DDHH de la ONU denunciará a sus propias instituciones democráticas
En un nuevo intento por desacreditar a la Justicia de Argentina, los delegados del presidente Alberto Fernandez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciarán a la Corte Suprema por las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ocasión del Examen Periódico Universal, en el que cada seis años los país intenta mostrar su mejor cara con avances en materia de Derechos Humanos, el Gobierno argentino entregó un informe en el que critica a los medios de comunicación independientes, a la oposición política y a «sectores concentrados del poder económico y mediático» que, sostiene, busca la finalidad de «proscribir a figuras centrales del escenario político».
El Examen Periódico Universal (EPU) se produce aproximadamente cada cinco años, desde el año 2006
El informe redactado por el Gobierno argentino fue publicado en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. En dicho documento, explícitamente se señala que la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima del llamado «lawfare».
La sesión de este lunes empezará con una presentación por parte de la delegación encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el representante de la Argentina en Ginebra, Federico Villegas Beltrán.
Duras críticas desde la oposición
«Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas», afirmó Juntos por el Cambio, el principal partido opositor, en un duro comunicado.
«Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa» señalan desde la oposición.
El comunicado de la oposición argentina agrega: «Acusan de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta 'lawfare' utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno».
Para Juntos por el Cambio, «el fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción».