Desacato, extorsión y golpismo, el dardo en la palabra desobediente de Alberto Fernández

La Corte Suprema de Justicia de Argentina hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno nacional había disminuido su coparticipación impositiva en plena pandemia. ¿La razón? Intentar resolver con los recursos que manoteaba, una rebelión de la policía provincial (que ilegalmente había rodeado la gobernación y la quinta de Olivos, morada del presidente) en reclamación de un aumento salarial.

La «extorsión» de las fuerzas de seguridad –aun teniendo razón en su demanda– no sólo habilitó a la violencia como forma de diálogo sino que dejó en evidencia la inoperatividad del gobernador de la provincia que desde que la gobierna, tiene un récord difícil de igualar : empeoró todos y cada uno de los problemas que tienen sus habitantes

La Corte ordenó que durante el trámite de la causa –ya que pospone la definición sobre si le corresponde a la Ciudad recuperar o no el porcentaje de participación que le fue arrebatado– el Gobierno nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95 %de la masa monetaria coparticipable en lugar del 1,4 % al que había reducido Fernández el cupo que recibía.

Quitarle recursos a la ciudad –gobernada por un signo político opuesto al Gobierno federal– para entregárselos al gobernador, delfín de la vicepresidenta, pone en evidencia la intencionalidad y arbitrariedad de la medida.

El fallo realiza un análisis histórico de la coparticipación y de las reformas que imprimió la Constitución de 1994.

También recuerda el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los legisladores nacionales que pese a los 28 años transcurridos no sancionaron la ley convenio de coparticipaciones impositivas, determinando que las provincias, no sólo la ciudad , carezcan de autonomía financiera, lo que genera una subordinación al Gobierno nacional que impide en muchos casos hasta la libre decisión del voto de los senadores provinciales.

El manejo arbitrario de la caja vulnera el federalismo y deja a las provincias libradas a los caprichos del Gobierno nacional.

Se fueron transfiriendo competencias de la nación a la Ciudad en reconocimiento de su autonomía y junto con el traspaso de éstas, lo que no siempre ocurrió, debían entregarse los respectivos recursos. El porcentaje coparticipable debe fundarse en la concurrencia de voluntades de los distintos órdenes del Gobierno.

Todo esto fue atacado por su decisión unilateral de despojar a la Ciudad de parte de la coparticipación que le corresponde, en rigor, con ánimo de restarle operatividad a su Gobierno ya que, al decir de Cristina, en esta ciudad «tienen luz hasta los helechos».

La concertación en septiembre del 2020 –cuando se ordenó la quita– fue reemplazada por el autoritarismo y la prepotencia. La ciudad se vio privada de una importante cantidad de ingresos en plena pandemia, cuando los gastos, especialmente para los rubros salud y ayuda social había aumentado considerablemente. Sin aviso previo que le permitiera intentar adecuar su presupuesto, debió soportar el saqueo.

Alentando al presidente para que desobedezca el fallo, los gobernadores, instigadores o cómplices del delito que proponen, parecen no advertir que la sentencia respalda el federalismo, es decir, el derecho de las provincias para que no sean expoliadas por ningún poder ejecutivo: el acuerdo previo debe ser el centro de cualquier modificación en la participación de cada una de ellas y su porcentaje no puede depender de la antojadiza voluntad de quien detenta el poder central.

El manejo de la caja –el Gobierno Federal maneja el 80 % de los recursos– determina que el Ejecutivo nacional tenga la capacidad de apropiarse de las voluntades provinciales, porque quienes gobiernan –sin importar el signo político– deben «negociar» políticas y aún estando en desacuerdo, en muchos casos no pueden cuestionarlas por temor a que se les incendie la provincia si la nación no les gira los fondos necesarios para, por ejemplo, poder pagar los sueldos. ¿Habrá sido éste el federalismo con el que soñaron nuestros constituyentes?

Tal y como si el fallo de la Corte fuera una mera sugerencia, el presidente, con el respaldo de un buen número de gobernadores afirmó que no lo cumpliría. Olvidó (pese a auto titularse profesor de derecho) que puede cuestionar una sentencia firme, pero nunca puede dudar si la acata. Puede preguntarse cómo la cumplo, pero jamás, si debe cumplirla. En este caso no era duda sino decisión de desobedecerla.

El ataque de rebeldía no era contra los cortesanos sino, como la propia constitución lo afirma, contra el orden constitucionalmente instituido

Las excusas absurdas esgrimidas no logran disminuir la gravedad del intento de agravio a la división de poderes y al orden democrático. Un acto de sedición en primera persona.

Hablar de que la ley de presupuesto no contempla esta erogación vuelve a subrayar la falta de timonel en el barco de la república. ¿Qué servicio jurídico no ordena la correspondiente previsión ante la causa en trámite previendo la posibilidad de un fallo adverso?

Por añadidura la lamentable ley de «superpoderes» que aun se encuentra vigente, permite a los gobiernos modificar los créditos presupuestarios por decreto sin autorización del Congreso. Esto sin contar las partidas discrecionales que existen en el presupuesto del 2023 que le permiten detraer recursos para atender esta obligación, aunque, seguramente, estuvieron pensadas para tener fondos disponibles para solventar los gastos de la campaña electoral.

No existe imposibilidad legal ni material pero además, la sentencia no es una propuesta a debatir sino una orden que obligatoriamente debe cumplir.

Pero, como muchas otras veces, sus afirmaciones carecen de estabilidad, sólo hay que esperar un viento huracanado para que varíe su postura.

Y, aunque no este regulado legalmente, disfrazaron la intención de no cumplir –cuando advirtieron las distintas reacciones que sus declaraciones generaron– con la decisión de interponer un recurso de reposición «in extremis».

Utilizan una frase mágica que parece que convoca al genio de la lámpara: «gravedad institucional», mirando con ella la crisis en un espejo que le permite revertir los roles. Quienes la provocan, se ponen en el lugar de víctimas del tsunami jurídico. Quienes tensionan la Constitución, la invocan para respaldar sus absurdas pretensiones. El debate ya lo tuvieron en las audiencias en las que la Corte convocó a las partes, ahora es el tiempo del cumplimiento no de la discusión.

Afirmaron también que recusaría a los cortesanos. Tarde. La recusación debe ser previa a que resuelvan y no posterior y nunca puede articularse por el contenido de sus fallos como aquí se pretende.

El desprecio a la Constitución no les impidió ver que la reacción generalizada contras sus intentos golpistas los ponía en una disyuntiva compleja.

¿Cuánto resistiría la titular del Banco de la Nación una intimación a cumplir con lo ordenado bajo amenaza de una denuncia por el delito de desacato?, denuncias que se comenzaron a realizarse.

¿Cuánta presión sobre el dólar, el valor de los bonos o el riesgo país podía soportar ese berrinche que agrede la seguridad jurídica? Obviamente poco.

El horno no está para bollos dirían los chefs del ministerio de economía y entonces la maniobra procesal desesperada y no respaldada en ley alguna, hizo una pirueta y con indisimulada hipocresía decide «cumplir» pagando con bonos el porcentaje ordenado por la Corte.

Un nuevo escudo discursivo con el que intentan ocultar el desacato, pero en su inutilidad, fabrican máscaras que ni siquiera sirven para ocultar lo que torpemente pretenden esconder.

Diferentes ropajes jurídicos para incumplir con la sentencia. Al presidente parece no importarle dejar girando como trompos desorientados a los gobernadores cómplices de su intentona de desacato. Reiteradamente demostró que cuidar a su tropa no es lo suyo.

Las reiteradas desobediencias a fallos del supremo tribunal les permitieron creer que esa naturalización restaría ilicitud a la maniobra. La procuración de la ciudad denunció a los funcionarios, y varias otras denuncias hicieron lo propio. El país sin ley comienza a despertarse de su somnolienta desidia.

El goteo diario y automático a las cuentas de la ciudad del porcentaje ordenado, no se cumple creando una cuenta especial donde se depositen bonos sin valor de mercado y devaluados como la palabra de nuestro presidente.

No estamos frente a un cumplimiento ni siquiera parcial sino continúa siendo un liso y llano incumplimiento

No estamos frente a un cumplimiento ni siquiera parcial sino continúa siendo un liso y llano incumplimiento. ¿Será mucho pedirles que lean en fallo completo? No sólo les dice qué porcentaje deben transferir, sino que les indica cómo. No es depositando bonos que no constituyen pago como se ordena.

Pasaron dos años para que dictaran esta cautelar. ¿Cuánto tiempo más será necesario para que podamos saber si las burlas a la autoridad son buenas reglas de juego?

Con esas escaramuzas lograran tiempo porque la Corte, nuevamente, no parece inquieta y se irá de vacaciones sin resolver las presentaciones de la ciudad ni la desobediencia que agrede la división de poderes y alienta la anomia. Pasaron dos años para que dictaran esta cautelar. ¿Cuánto tiempo más será necesario para que podamos saber si las burlas a la autoridad son buenas reglas de juego?

Aun coincidiendo con cada una de las palabras del fallo que por diferentes vías el Gobierno federal intenta incumplir, es difícil ilusionarse creyendo que existe un mastín que defenderá nuestros valores republicanos o lo hará con ladridos muy lejos del tiempo de la agresión que debería evitar.

La improvisación –cuanto menos– de quienes nos gobiernan parece tener algún éxito, aunque sea temporal.

No se trata de provincianos contra porteños, esa lucha que atrasa dos siglos, se trata de Constitución o autoritarismo; de gobierno de las leyes o autocracia sin valores. Que no intenten fabricar peleas inexistentes.

Si ideologizamos a la justicia ésta no iluminará sino encandilará.

• Marta Nercellas es abogada argentina, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, columnista y profesora