El asalto al Poder Judicial en Argentina

La historia demuestra que luego de que la evolución republicana separara a los sistemas judiciales de los poderes ejecutivos, proceso que en Argentina llamamos «independencia del Poder Judicial», muchos gobiernos han seguido presionando a la Administración de Justicia.

Esto ha sido notorio en los regímenes totalitarios y en el último cuarto de siglo se ha mantenido con los ahora llamados populismos.

Ya no encarcelan o matan jueces y fiscales, pero sí intentan dominar los procesos de su selección y destitución, logrando dos efectos básicos: designar a sus secuaces como jueces y mantener asustados a los magistrados independientes. Se trata de lograr sentencias favorables al poderoso de turno, a como hubiere lugar.

La Argentina poseía un sistema judicial parecido al norteamericano, dividido en jurisdicción federal y provincial. El Poder Ejecutivo Federal –el presidente- proponía al Senado Nacional los candidatos a jueces y el Senado les daba –o no- su conformidad o «acuerdo».

Esto funcionó razonablemente durante 150 años, hasta que en 1994 se reformó la Constitución y se creó una entidad propia de los sistemas europeos: el Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España)

Este organismo, integrado por abogados, jueces, legisladores y académicos, elegidos por sus respectivos pares, con 2/3 de sus votos propone ternas de candidatos a jueces al Poder Ejecutivo, que elige de entre esa terna a su candidato preferido y lo propone al Senado, que le otorga o no su acuerdo.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura decide también con 2/3 de votos someter a juicio político al juez que incumpla con sus deberes, que en ese caso es juzgado por un Jurado de Enjuiciamiento integrado por otros abogados, jueces y legisladores.

En teoría, esta estructura debiera ser eficiente pero ya explicó Kant lo que sucede con las puridades teóricas.

Desde que gobiernan los Kirchner -2003- la forma en que se elige a los integrantes del Consejo de la Magistratura ha impedido que, como debiera ser, siempre se proponga a los mejores candidatos a magistrados y que se remueva por juicio político a los malos jueces.

En casi todos los temas y dada la inexistencia de mayorías claras, se ha debido recurrir a acuerdos para lograr los 2/3 de votos y no siempre se han tomado las mejores decisiones.

Esa politización del Consejo mantiene a toda la Magistratura asustada, porque muchos jueces sienten que su independencia de criterio puede costarles el puesto, algo que dados sus salarios, estabilidad y privilegios, algunos no están dispuestos a perder por preservar su dignidad.

En el fondo, tenía razón el juez norteamericano Antonin Scalia (1936-2016) cuando lamentaba que la estabilidad judicial tenía un efecto negativo grave: convertir a los jueces en burócratas que solo buscan perdurar. Y hablaba de Estados Unidos.

Volviendo al caso argentino, la virtual dominación del Consejo lograda por el kirchnerismo fue posible gracias a una reforma de la ley que regula a este organismo, concebida por Cristina Kirchner y aprobada por su obediente Congreso en 2005. Esa ley, tras 15 años de juicio fue declarada inconstitucional en diciembre de 2020.

Así recobró vigencia la ley anterior, con la que el último 18 de octubre se eligieron nuevos consejeros abogados y jueces.

Pero no terminó el asedio y asalto del kirchnerismo a la Justicia Argentina.

Porque a muchos ha pasado desapercibido algo medular: con la anterior ley que recobró vigencia, los procedimientos de elección de consejeros abogados los encadena a los partidos políticos, algo que es contrario a la Constitución.

Quienes quisieron competir desde afuera, no pudieron cumplir los requisitos necesarios para hacerlo.

¿Corregirá la Corte su fallo de 2020? Hasta ahora nadie ha dicho nada y supongo que según se comporte el nuevo Consejo que asume en noviembre, habrá o no cuestionamientos este sistema disparatado.

Lo que es seguro es que el asedio y el asalto seguirá, por dos razones: primero, porque tanta presencia política en el Consejo de la Magistratura hace que los acuerdos no sean sobre temas jurídicos, profesionales ni judiciales, sino que pasan a ser un tema más que se discute y negocia en el Congreso, relegando a la designación de jueces a una moneda de cambio mas. Esto es pésimo.

Además, nada funcionará bien mientras mantenga algún poder el kirchnerismo, que es ontológicamente incompatible con un sistema judicial independiente, como lo demuestra desde 1987.

En sus remotos años de la provincia de Santa Cruz, el matrimonio Kirchner hizo jueces a sus parientes y amigos e incluso desobedecieron fallos de la Corte Suprema de Justicia en un famoso caso, Sosa, un Procurador General de esa provincia que por ser independiente, fue destituído y pese a tres fallos de la Corte a su favor, no fue repuesto en el cargo por el entonces gobernador Néstor Carlos Kirchner.

La actual directora de orquesta de la política argentina, Cristina Kirchner, está netamente interesada en influir sobre la Justicia porque tiene demasiados juicios en su contra con muchas pruebas irrebatibles, que pueden llevarla a la cárcel a ella, a sus hijos y a varios de sus funcionarios.

Por eso el kirchnerismo seguirá haciendo todo lo posible por impedir que los jueces se sientan independientes.

En estos 14 meses que faltan hasta el cambio de gobierno, veremos si la Argentina recupera su división de poderes y la independencia judicial, o si sigue poseída por lo peor de la política.

Es una dura prueba para la oposición y especialmente para la coalición Juntos por el Cambio, que probablemente gane las elecciones de 2023 y en su gran mayoría defiende la independencia judicial.

Pero mayoría no es totalidad: desgraciadamente, la tentación de asaltar al Poder Judicial no es un patrimonio kirchnerista.

Tenemos que mantenernos todos muy alertas y firmes en defender y aplicar lo establecido en nuestra magnífica Constitución.

• Alejandro Fargossi es exconsejero del Consejo de la Magistratura