Israel  Netanyahu, al estilo Sánchez, asesta un duro golpe a la democracia con su reforma judicial

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha iniciado su particular cruzada contra el Poder Judicial. Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, pretende aprobar una reforma judicial que le daría el poder al Parlamento –con mayoría favorable a Netanyahu– de aprobar leyes o normas que haya derogado previamente la Corte Suprema, por lo que, de facto, se acabaría con la separación de poderes en Israel.

La iniciativa, modelo Pedro Sánchez, la presentó el actual ministro de Justicia, Yariv Levin y busca, además, que desde el Gobierno se tenga una mayor influencia en la designación de los jueces. Una gran parte de la población israelí se ha mostrado en desacuerdo con esta reforma y han salido a las calles a manifestarse en contra del recién elegido Gobierno. Más de 100.000 personas se manifestaron en lo que describieron como una «lucha por el destino de Israel».

Suzie Navot, profesora de Derecho Constitucional en el Instituto para la Democracia de Israel, explicó que con esta reforma existe el peligro de que «se extienda la corrupción». Navot ahonda en la idea de que los «controles y equilibrios» de Israel son relativamente frágiles y este proyecto «da cuenta de la idea del poder absoluto» del Ejecutivo.

El profesor Alberto Spektorowski, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv explica a El Debate que esta reforma está enfocada para que, directamente, «el Parlamento domine a la Justicia».

«La pelota ya se ha hecho demasiado grande y la narrativa le ha superado a Netanyahu, ya no puede dar marcha atrás», aclara el experto. Además, el primer ministro israelí está presionado por unos socios que exigen mayor poder para el Parlamento. Netanyahu consiguió volver a ser primer ministro, tras llegar a un acuerdo de coalición con partidos ultraortodoxos.

Uno de los miembros más destacados de estos partidos, Aryeh Deri, fue nombrado ministro de Interior. Pero, apenas 28 días después de hacerse cargo de esta cartera, el Tribunal Supremo israelí anuló su nombramiento, al considerar que era «extremadamente irrazonable» y que su última condena por fraude fiscal en febrero del año pasado lo inhabilita para formar parte del Gobierno.

Deri, que forma parte del partido ultraortodoxo Shas – la segunda fuerza con más escaños dentro de la coalición de Netanyahu–, ha amenazado con retirar su apoyo al nuevo Ejecutivo, si no se le ofrece un alto cargo dentro del Gobierno. Para permitir la investidura de Deri, ya en diciembre, se aprobó una ley ad hoc que solo inhabilita a altos cargos públicos que hayan ido a prisión.

De esta forma, el político del Shas podía acceder a una cartera ministerial, ya que no llegó a entrar en la cárcel, al llegar a un acuerdo y confesar su culpabilidad. Pero este nuevo golpe por parte de la Justicia vuelve a complicar la armonía dentro de la coalición de Netanyahu. La nueva reforma judicial eliminaría, por tanto, el llamado supuesto de «razonabilidad» por el que el Tribunal Supremo puede impedir el nombramiento de altos cargos políticos si considera que estos han vulnerado la ley, evitando que se repita una situación como la de Deri.

Netanyahu se asegura la estabilidad de su Gobierno, así como su propia permanencia al frente del Ejecutivo, porque no tendría que hacer frente a los cargos de corrupción que pesan, por ahora, en su contra.