La derecha europea, el aborto, los trans y la eutanasia: dos mundos muy distintos

El pasado 8 de febrero, la Corte Constitucional de Hungría emitió un fallo que cierra definitivamente el «derecho» al reconocimiento a una identidad específica trans. Definitivamente, porque en los últimos tres años ha mantenido una mínima ambigüedad sobre el asunto.

En 2020, el Parlamento húngaro aprobó una ley que prohibía a las personas transgénero o intersexuales cambiar legalmente de género, lo que las exponía al acoso, la discriminación e incluso la violencia cuando necesitaban utilizar documentos de identidad.

Sin embargo, al año siguiente la misma Corte Constitucional falló que la prohibición del reconocimiento legal del género no se aplicaba con carácter retroactivo, por lo que las personas trans que iniciaron el trámite antes del 29 de mayo de 2020 pudieron seguir haciéndolo. Pero ahora, la Corte acaba de rechazar la petición de un demandante de que se le reconociera en base a una solicitud presentada en 2021.

Sea como fuere, la reciente sentencia se alinea con la postura del Gobierno de Viktor Orban, que apuesta por una defensa sin ambages de la familia tradicional y de la división sexual clásica entre hombre y mujer. La misma política sigue en la materia el Gobierno conservador polaco de Mateusz Morawiecki. Es más, allí el Parlamento votó en 2015 una ley que recogía varias exigencias del lobby trans, pero el presidente Andrzej Duda la vetó inmediatamente. Y el Parlamento no logró congregar los votos suficientes para superar el veto.

Tampoco se dispone a legislar a favor de los trans el Parlamento italiano, controlado por una mayoría conservadora encabezada por Hermanos de Italia, cuyo líder es la primera ministra Giorgia Meloni. Aunque no la ha abandonado oficialmente, el Gobierno de Meloni ha enterrado discretamente el proyecto elaborado por Mario Draghi días antes de deja el poder. Aquel plan contemplaba una serie de acciones «vinculantes» para los próximos tres años, entre las que destacaban los permisos parentales para padres del mismo sexo e incentivos para las empresas que contraten a transexuales.

Es la única coincidencia de Roma con Budapest y Varsovia en lo tocante a los trans. Porque Meloni no blindará la legislación para impedir, por ejemplo, que un futuro Gobierno de centroizquierda pueda modificarla conforme a su sesgo ideológico.

Los conservadores ante el aborto

Y también ha dejado claro que dejará la Ley 194, que despenalizó el aborto hace casi medio siglo, tal y cómo está. Por lo menos en lo tocante a los pilares del texto: hace tres semanas, fue votada una enmienda que blindaba la ley.

Con todo, desde ciertos sectores conservadores de la coalición se han presentados dos propuestas de ley encaminadas a otorgar capacidad jurídica al feto. Ya se verá el recorrido, tanto en comisión como en pleno, de estos textos. La filosofía, como mínimo ambigua, del Gobierno ha sido resumida recientemente por la ministra de Familia, Eugenia Roccella: «el aborto es, desgraciadamente (purtroppo), una libertad de la mujer». Por lo tanto, no se toca.

Las mujeres húngaras también pueden abortar, pues Orban, en sus más de diez años en el poder –sin olvidar su primera etapa a principios de este siglo– no se ha planteado nunca derogar una ley vigente aprobada durante la dictadura comunista. Pero, a diferencia de Meloni, sí que ha tomado medidas para atenuar sus efectos.

Empezando por una generosa política natalista, compuesta, además de por ayudas directas, por unas notables rebajas fiscales para las parejas que procreen. Baste decir que a partir del tercer hijo, sus padres pagan unos impuestos de cantidad más simbólica que efectiva. Para la adquisición de una vivienda, las jóvenes parejas disfrutan de unos préstamos «blandos» garantizados por el Estado.

La última medida adoptada es la culminación perfecta de años de moldeamiento de la opinión pública en sentido conservador, clave imprescindible de cualquier cambio legislativo de fondo: a raíz de una enmienda aprobada el pasado mes de septiembre, las mujeres deben demostrar a los médicos que han escuchado el latido del corazón de su feto antes de poder acceder a los servicios que les permiten abortar.

Hungría sigue, pues, paulatinamente la senda de Polonia, el país europeo que protege la vida con mayor eficacia, donde dos años después de que el Tribunal Constitucional dejase prácticamente sin efecto el «derecho» al aborto, el asunto ha desparecido de la agenda política y parlamentaria. Las violentas protestas, ampliamente difundidas por medios occidentales, han quedado neutralizadas para rato.

¿Y la eutanasia?

Sí que hay, en cambio, sensibles diferencias entre Varsovia y Budapest en relación con la eutanasia. En Polonia, es imposible que se legalice a corto plazo; en Hungría en 2014, aprobó los testamentos vitales, pero la sentencia del Constitucional no garantiza la eutanasia plena como en Italia, pero un futuro gobierno podría impulsar cambios legales sin mucha oposición.