El megaescándalo de corrupción que sacude al Gobierno venezolano

Aunque no es la primera vez que esto ocurre, el fin de semana del 17 al 20 de marzo pasado, la Policía Anticorrupción informó la detención del Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y director de Despacho de Tareck El Aissami; de tres jueces; del alcalde oficialista del municipio Santos Michelena del estado Aragua y de un Teniente Coronel, gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco, y solicitó al Ministerio Público procesar a este grupo de personas por estar incursos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.

Pero el asunto no se detuvo allí y el escándalo se extendió a la empresa nacional petrolera (PDVSA), lo cual provocó la renuncia del Ministro de Petróleo, después de que un numeroso grupo de funcionarios, entre ellos un gerente de la empresa, fueran detenidos durante ese mismo fin de semana por presuntos hechos de corrupción.

Pese a ello, el Gobierno reaccionó de inmediato dando un espaldarazo al ministro, aunque ya nombró su sustituto, anunciando que «Hemos dado un golpe a los mafiosos», y el propio jefe del partido de Gobierno señaló que «Muchos traicionan a la revolución porque ya robaron lo suficiente».

También dijo que «se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de Nicolás Maduro, contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse», y aseguró que «los corruptos no tienen espacio en la revolución. Caiga quien caiga, lo vamos a enfrentar; no nos interesa porque tenemos claro el camino de lo que hay que hacer».

Casi al mismo tiempo se informó de la detención de un empresario, propietario de la Constructora HP, por presunta legitimación de capitales.

Esa empresa es la responsable de la construcción de siete grandes torres de oficinas y viviendas de lujo, de más de 20 pisos en la urbanización Las Mercedes; dueña de la concesionaria de vehículos Ferrari en Venezuela y también encargada de hacer labores de mantenimiento y reparaciones en los muelles de los complejos petroleros de PDVSA, amparada bajo el manto de contratos estatales otorgados a militares cercanos al Gobierno.

La información disponible indica que a estos grupos se le atribuye la malversación de 3 mil millones de dólares y se le hace responsables de desaparecer el equivalente a cerca del 50 % de los ingresos de la estatal petrolera de un año, es decir, unos 8 mil millones de dólares.

La guinda de la torta de la red de corrupción que se desveló, fue colocada por la reciente quiebra, en los EE. UU., de los bancos Silicon Valley Bank y el First Republic Bank, parte de cuyas actividades consistía en lavar los dólares de las exportaciones ilegales de oro y venta de petróleo con intermediarios por parte del Gobierno venezolano, para eludir las sanciones utilizando monedas virtuales.

Este entramado de corrupción, conformado por altos personeros de PDVSA, funcionarios del alto Gobierno, jueces, funcionarios de las fuerzas armadas, del partido de Gobierno, de la Superintendencia de Criptoactivos y de sus cómplices y testaferros, manejó allí más de 38 mil millones de dólares.

Una corrupción instalada en la política

Sin embargo, pese a la magnitud del escándalo por el monto involucrado (unos 50 mil millones de dólares) y por el alto nivel de sus protagonistas, particularmente El Aissami, este evento no es sino una fracción del impacto de la corrupción genéticamente instalada en la política oficial.

En tal sentido comparto la opinión de muchos analistas y expertos, según los cuales la cantidad total que la corrupción ha sustraído del erario nacional en los últimos veinte años, alcanza la obscena cifra de los 600 mil millones de dólares.

Por otra parte, tengo la impresión de que el intento del Gobierno de presentar estas detenciones como expresión de su «férrea voluntad» de combatir la corrupción, no es más que el uso propagandístico de una situación que no puede controlar.

Durante veinte años se ha utilizado la corrupción como instrumento político para crear y mantener lealtades, como suele ocurrir en los gobiernos populistas de izquierda o derecha en todas partes.

No podemos olvidar los escándalos previos; del Plan Bolívar 2000; de la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI, 2003-2014); de la PDVSA de Rafael Ramírez; de la importación de alimentos de PDVAL; de Odebrecht; de las cuentas bancarias de Andorra y Suiza, y de los casos del financiamiento al partido Podemos, al exembajador Moroto y al expresidente Rodríguez Zapatero de España, solo para citar los más conocidos y que sumados, le costaron al país poco mas de 300 mil millones de dólares.

En los primeros años del Gobierno de Chávez, como había mucho dinero disponible ingresando, los desfalcos y la malversación no se percibían con claridad y las pequeñas mafias de corruptos no se entorpecían.

Pero ahora que el ingreso de dinero ha disminuido notablemente, la guerra de las mafias para acceder a lo poco que queda ha creado una guerra interna que el Gobierno no puede controlar.

Así que la situación que acaba de ser expuesta a la vista pública, no es el resultado de la acción del Gobierno contra la corrupción, sino el producto de una guerra inevitable entre pandillas que quieren intervenir en el territorio de otro y apropiarse de su negocio, o defender el suyo.

Hasta allí hemos llegado, pero falta por ver el monto de la factura política que esta guerra de pandillas le pasará a Maduro, de cara al proceso electoral que se avecina.