Maduro abre otro frente internacional por el gas del Esequibio, el Gibraltar venezolano

Hace dos siglos, en 1821, después de las guerras de independencia, se constituyó la República de la Gran Colombia de la que Venezuela, junto con Colombia, Ecuador y Panamá formaban parte. La Gran Colombia incluía también un territorio poco conocido: la Guayana Esequiba, el cual limitaba al este con las Guayanas cuyos territorios estaban siendo disputados por las grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia y Países Bajos.

Apenas se constituyó la nueva república, la diplomacia venezolana informó a los británicos que la línea divisoria entre la Gran Colombia y la colonia británica vecina estaba demarcada por el río Esequibo, tal como se correspondía con los territorios españoles de lo que había sido la Capitanía General de Venezuela, antes de la independencia. La diplomacia británica acepto esa definición fronteriza.

A pesar de las protestas de las autoridades grancolombianas, el Reino Unido prosiguió su política expansionista en la zona. La muerte de Simón Bolívar en 1830, la disolución de la Gran Colombia al año siguiente y las guerras internas que le siguieron, facilitaron el proceso de expansión.

En 1835, los británicos establecieron unilateralmente la llamada «Línea Schomburgk» como frontera oficial, al oeste del río Esequibo. En las décadas siguientes fueron desplazando esa misma línea más al oeste hasta anexarse, de hecho, 80.000 kilómetros cuadrados a la Guayana Británica, a costa del territorio venezolano.

Este fue un hecho tan escandaloso, que hasta los Estados Unidos de Norteamérica se sintieron afectados. Tanto así, que en 1895 el presidente Glover instó a Venezuela y a Gran Bretaña, a dirimir el conflicto mediante un arbitraje internacional.

Laudo Arbitral de París de 1899

En efecto, eso ocurrió y concluyó con el conocido Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual participaron dos jueces norteamericanos, dos ingleses y uno ruso, pero ningún venezolano.

Venezuela basó su caso en la abundante documentación de su titularidad heredada de la independencia de España. El Reino Unido solo se dedicó a presentar sus exigencias acompañadas de los mapas correspondientes.

Los jueces, como era de esperarse, fallaron a favor del Reino Unido y el resultado del Laudo fue, que se le arrebató a Venezuela 160.000 kilómetros cuadrados de su legítimo territorio, los cuales conforman la Zona en Reclamación que aparece en nuestros mapas.

No fue sino hasta 1962, 63 años después, cuando Venezuela elevó sus protestas ante la ONU por el Laudo de París de 1899, y después de cuatro años, se llegó al conocido Acuerdo de Ginebra, aún vigente.

Acuerdo de Ginebra

Este Acuerdo mantiene el statu quo y los derechos de ocupación del Reino Unido, pero también reconoce los derechos de soberanía venezolanos, por lo que exhorta a las partes a encontrar una solución pacífica y concluyente.

Desde 1966, ya con Guyana como república independiente, las relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin avances ni retrocesos, y así se mantiene hasta la fecha, pues tampoco hubo mucho interés en el asunto durante el gobierno del comandante Chávez, quizás para no afectar la condición de aliado que Guyana tenía en ese momento.

Mientras tanto, la Zona en Reclamación, con su enorme potencial en recursos naturales renovables y no renovables, incluido el petróleo y el gas en sus costas, se fue convirtiendo en el principal proveedor de recursos para la economía guyanesa.

Nuevas tensiones

Por cierto, la explotación de los hidrocarburos durante la última década en las costas de Guyana, reactivó las tensiones entre nuestros dos países, pues allí se encuentra el llamado Campo Liza, uno de los más prometedores del continente, que podría contener cerca de 1.400 millones de barriles de crudo de alta calidad.

En 2018, frente a las tensiones existentes, el secretario general de la ONU puso el asunto en las manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque con el desacuerdo de Venezuela.

Ahora se suma un nuevo conflicto, pues Trinidad y Tobago (T&T), cuya economía depende del procesamiento del gas, hace gestiones en connivencia con Guyana, para explotar los yacimientos venezolanos cercanos a sus costas en el triángulo Trinidad, Guyana, Venezuela Esequiba, los cuales contienen grandes reservas que nuestro país no aprovecha.

Así, a solicitud del gobierno de T&T, la OFAC –Oficina de Control de Activos Extranjeros– emitió una licencia «autorizando a este país» para desarrollar el yacimiento de gas no asociado, «Dragón», ubicado en aguas territoriales venezolanas en las cercanías de la frontera marítima de ambos países.

En ella se establecen restricciones similares a las mencionadas en la Licencia otorgada a Chevron –empresa petrolera estadounidense– para la explotación de petróleo en la Faja del Orinoco.

En este caso, el alcance se limita al referido yacimiento gasífero, pero también se establece que la compra del gas a Venezuela no podrá ser pagada con dinero efectivo, pues su propósito es mejorar la seguridad energética del Caribe y de Europa, en el marco de las mismas sanciones que se vienen aplicando a Rusia, en conjunto con Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Ucrania.

La propuesta de Trinidad y Tobago

Con la licencia en mano, se presentó en Miraflores el Primer Ministro de T&T, Keith Rowley, para cerrar el trato con el gobierno nacional proponiendo que sea la Shell –grupo internacional de empresas energéticas y petroquímicas–quién opere el campo Dragón y no PDVSA –empresa petrolera venezolana–, ofreciendo pagar el gas con alimentos y medicinas.

Actualmente la Shell opera y participa con el 50 % del yacimiento «Hibiscus» de T&T, el cual se encuentra a 17 kilómetros del yacimiento venezolano Dragón. De aceptar el gobierno esa propuesta, ésta transnacional pasaría a controlar el sistema integrado por los tres países.

Como dijimos, el interés de T&T en el gas existente en los cuantiosos yacimientos de la península de Paria –Rio Caribe, Mejillones, Patao y Dragón–, se debe a que dicho país cuenta con una enorme infraestructura industrial de procesamiento de gas, del cual depende su economía.

Importancia estratégica del gas

Para la evaluación del impacto que tendría para Venezuela la aceptación de la oferta de T&T, debe tenerse en consideración la importancia estratégica que tiene el gas como combustible clave de la transición de la matriz energética global y nacional, ante la disminución progresiva del uso de los combustibles fósiles sólidos y líquidos como energéticos dominantes.

Esta situación podría comprometer por un tiempo largo, quizás 30 años o más, parte importante de las reservas de gas natural no asociado al petróleo, solo para la exportación sin agregarle valor, al entregárselo a empresas extranjeras en condiciones vergonzosas y deplorables con pérdida de soberanía.

Pero además, se aprovecha de las actuales debilidades operativas del gobierno y atenta contra los intereses presentes y futuros de la Nación.

Mientras tanto, la búsqueda de un acuerdo sigue en el limbo, no solo porque se lleva a cabo sin el aval de Venezuela, sino porque, además, tendríamos que considerar que la enorme crisis económica, social y política por la que atravesamos desde hace ya muchos años, plantea a nuestro país dificultades económicas, operativas, sociales y políticas que harían imposible una integración del territorio Esequibo, en el caso en que Venezuela fuera favorecida por los acuerdos.