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El presidente de Ecuador, Guillermo LassoAFP

Ecuador

Guillermo Lasso se enfrenta a un juicio político en Ecuador: «Huele muy mal»

El presidente de Ecuador está acusado de malversación de fondos públicos, pero Lasso se declara «inocente»

Ecuador inició ayer la andadura hacia la celebración del juicio político de censura planteado por la oposición contra el presidente del país, Guillermo Lasso, que reivindicó su inocencia frente a la acusación de malversación de fondos públicos.

Después de que la Corte Constitucional diese el miércoles luz verde a la realización del juicio político por el delito de peculado –malversación– y dejar fuera el de concusión, el presidente de la Asamblea Nacional –Parlamento–, Virgilio Saquicela, recibió la notificación del fallo y puso en marcha el cronograma.

Por su parte, Lasso rechazó «indignado» el juicio político en su contra, que afirmó no tenía ni «pies ni cabeza». «La democracia se fortalece con más democracia, por tanto respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta», dijo Lasso a la cadena nacional.

Ahora, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, controlada por la oposición, que encabeza el correísmo, tiene tres días para conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización, que notificará al presidente y a los interpelantes para que, en diez días, presenten las pruebas.

Tras ello, el presidente del Parlamento, en el plazo máximo de tres días dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, el presidente tendrá cinco días para convocar la sesión en la que se celebrará el juicio político.

Para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara, compuesta por 137 asambleístas.

Desde las fuerzas de oposición se anticipa que cuentan con los votos suficientes para censurar a Lasso, mientras que el oficialismo, en clara minoría en el hemiciclo, asegura que no tendrán tan fácil alcanzar esa cifra.

La oposición ya lo intentó el año pasado cuando en junio, en mitad de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, planteó una moción de destitución contra Lasso que el mandatario logró salvar por pocos votos.

Esta vez el presidente ecuatoriano afronta el nuevo envite en una posición más delicada, después del serio revés sufrido en la cita electoral del 5 de febrero, cuando perdió el referéndum que había convocado para hacer reformas a la Constitución y, a la vez, el correísmo resultó el gran triunfador de las elecciones locales.

Un juicio que «huele muy mal»

En un mensaje a la nación donde apareció junto a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y delante de un nutrido grupo de ciudadanos con la bandera de Ecuador de fondo, Lasso se declaró este jueves inocente y aseguró este juicio político «huele muy mal».

El mandatario acusó a la oposición de inventarse pruebas para «tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia».

Lasso consideró que la Corte Constitucional dejó fuera de la acusación el delito de concusión por falta de pruebas y argumentó que el de peculado se basa en unos contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) firmados en 2018 y 2020, antes de que llegase a la Presidencia en 2021.

El presidente denunció que se ha formulado una acusación con «pruebas obtenidas de manera fraudulenta, vulneraciones al debido proceso, uso de artículos equivocados y obtención de pruebas ilícitas».

Para Lasso este es «un juicio creado con 'memes' falsos», que «no tiene ni pies ni cabeza, porque las mentiras inventadas no se pueden sostener», y que resulta «un intento desesperado, atemporal y violento de robar» la estabilidad del país.

«Me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar», agregó el gobernante antes de reiterar que es «inocente de esas patrañas» que le han «inventado».

No recurrirá ahora a «muerte cruzada»

La decisión de la Corte Constitucional alimentó las conjeturas sobre la posibilidad de que Lasso recurriese a la denominada «muerte cruzada», una figura contemplada en la Constitución que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea, convocar elecciones anticipadas y gobernar durante un año por decretos.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, anticipó en declaraciones a periodistas que «la decisión firme (del presidente) de defenderse, de acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que no tiene fundamento alguno».

Por su parte, Saquicela, el presidente de la Asamblea, afirmó que el fallo de la Corte Constitucional refrenda la legalidad del proceso abierto por la oposición.

Después de que Lasso calificase la iniciativa de un «golpe de Estado parlamentario», Saquicela señaló que el fallo avala la actuación de la Asamblea.

«Finalmente, será el pleno, como máximo órgano de la función legislativa, quien resolverá con extrema responsabilidad y estricta observancia a la Constitución», concluyó Saquicela.

Mientras, el partido Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señaló en un comunicado que «el juicio político es una expresión democrática frente a un país destrozado», y el exgobernante añadió que Lasso irá al «tacho (cubo) de la basura de la historia».