La reforma constitucional de Uzbekistán: una oportunidad histórica

El pasado domingo, 30 de abril, pude participar como observador internacional en el referéndum constitucional de Uzbekistán.

Para empezar este relato de lo que vi y oí podría tirar de tópicos de «fiesta de la democracia», «absoluta normalidad». Tanto aquí como allí estas expresiones ya se han quedado vacías de sentido.

El referéndum se celebró sin incidentes reseñables, al menos eso es lo que ha afirmado la OSCE en su informe preliminar y eso es lo que yo pude comprobar in situ.

El domingo no hubo largas colas delante de los centros de votación, había más bien un goteo constante de votantes, se respetó la privacidad del voto, en las entradas de los centros había carteles donde se explicaba todo el proceso de votación (registro electrónico, identificación, recogida de papeleta, uso de la cabina, introducción de la papeleta en la urna), en varios idiomas (al menos en uzbeko y en ruso). La gente se acercaba a ejercer su derecho con tranquilidad y naturalidad.

La amplia reforma apenas ha tenido eco en los medios españoles, siendo así que el país ha dado un paso de gigante en cuanto a cumplimiento derechos humanos se refiere.

Creo que es de justicia señalar los incumplimientos cuando esto sucede, pero más aún, por ser motivo de alegría, cuando se dan pasos en la dirección correcta.

Y hay que decir que en los últimos años Mirziyoyev ha sabido granjearse el apoyo de los países occidentales, quienes le creyeron su promesa de ir progresando gradualmente en este campo.

Estados Unidos le presionó en lo que respecta a ejercer una mayor vigilancia para evitar la esclavitud infantil –relacionada con la recogida del algodón–; asunto resuelto.

También le presionaron para que modificara su actitud hacia los grupos religiosos y les facilitara su labor fuera de los lugares de culto; conseguido.

La Unión Europea le ha presionado para que elimine la pena de muerte; gracias a esta reforma constitucional, objetivo conseguido.

En efecto, el nuevo texto expulsa la pena de muerte de este sistema jurídico, además de introducir una serie de garantías para los detenidos.

En un país donde las ONGs de Derechos Humanos –como Human Rights Watch– han denunciado en reiteradas ocasiones que se tortura a los detenidos, la introducción del habeas corpus –que deba existir una acusación formal contra el detenido en un plazo máximo de 48 horas– y de la conocida como Miranda warnings –eso que se ve en series y películas que le dicen los policías a los arrestados en los primeros momentos de la detención, como «Tiene derecho a permanecer en silencio»–, hay que aplaudirlo como un claro avance en la protección del reo.

La anterior Constitución constaba de 128 artículos, que recogía 275 derechos; la nueva, vigente desde el 1 de mayo, recoge 434 derechos repartidos en 155 artículos.

Se puede decir que se ha reformado el 65 % de la Constitución. Como se puede ver, desde el punto de vista formal y material ha sido una apuesta fuerte por el cambio, por una mayor democratización del país.

Otros aspectos que han sido reforzados son los derechos a la intimidad y a la familia, a la protección de su honor y dignidad, que se reflejan en las tres primeras partes del art. 31: «Toda persona tiene derecho a la intimidad, al secreto personal y familiar y a la protección de su honor y dignidad».

También se contempla el pleno derecho a la privacidad de la correspondencia y las conversaciones telefónicas. Ya que una parte importante de nuestra vida transcurre ahora en espacios abiertas de la red mundial, el estado debe garantizar que los datos personales, la información que comparten sus ciudadanos, están bien protegidos.

Por otro lado, todo ciudadano tiene derecho a exigir la corrección de aquellos datos inexactos que de cualquier forma puedan perjudicar su autoridad, salud, vida y actividades profesionales.

Se puede entrever que una Ley de Protección de Datos, similar a la europea, está en camino, para desarrollar este precepto constitucional.

En el campo institucional, el número de senadores ha pasado de 100 a 65, que se corresponden a 4 por cada una de las 14 regiones, más 9 elegidos directamente por el Presidente.

Y ahora, pasará a centrarse en cuestiones de importancia regional, participar en la reforma de los órganos representativos, y a participar en la formación de los más altos órganos del poder estatal, incluido el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y el Consejo del Tribunal Supremo.

Por otro lado, el art. 106 del nuevo texto extiende el mandato presidencial de 5 a 7 años, conservando la limitación anterior de dos mandatos consecutivos. Mirziyoyev accedió al cargo en 2016 y fue renovado en 2021.

¿Qué pasará al final de su mandato actual? ¿Podrá presentarse de nuevo? Según el propio constitucional, parece que sí, pues según el art. 7, esta norma no se aplicará a quien actualmente está en el cargo.

La Cámara Baja –el Oliy Majlis– toma mayor protagonismo en el control al Gobierno, así como la ejecución del Presupuesto, además de escuchar (y evaluar) el Informe del Presidente del Gobierno sobre el desarrollo socioeconómico del país.

Hay muchos más detalles interesantes, como la introducción del criterio de la transparencia en los asuntos públicos, que se irán conociendo con el paso del tiempo.

Por ahora, baste con señalar que Uzbekistán está dando pasos en la buena dirección, hacia un mayor beneficio de la población, ya que –como afirma Gulnoza Ismailova, buena amiga y Vicerrectora de la University of World Economy and Diplomacy de Taskent– ha pasado de poner su foco de atención en el Estado a ponerlo en la persona: ciudadano, sociedad, Estado es el orden jerárquico de importancia establecido por la actual Constitución.

El propio Shavkat Mirziyoyev señaló que Uzbekistán se encuentra, así, frente a un cambio de paradigma, poniendo al individuo en el centro de las reformas políticas.

• Antonio Alonso Marcos es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo