Alianza Atlántica
Suecia se pliega a las exigencias de Erdogan para entrar en la OTAN
El Tribunal Supremo sueco ha aprobado la extradición de un simpatizante del PKK a Turquía
Suecia esperaba pasar a formar parte de la OTAN junto con Finlandia, pero sus esperanzas atlantistas se han visto truncadas por dos países: Turquía y Hungría. Para cumplir con las exigencias del primero, el Tribunal Supremo del país escandinavo ha aprobado la extradición de un simpatizante del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) al país euroasiático.
Estocolmo tuvo que sentarse a observar cómo su vecino ingresaba en la Alianza y se convertía en el miembro número 31, el pasado mes de abril, coincidiendo además con el 74º aniversario del nacimiento de la Alianza Atlántica.
Para que el país nórdico pase a ser el número 32, primero, tiene que cumplir con las exigencias impuestas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en materia de «terrorismo». En un primer momento, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confesó que su país no podía cumplir las demandas impuestas desde Ankara.
Turquía ha presentado a Suecia un lista con 130 nombres, todos ellos, según Ankara, relacionados con el PKK –considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea– y que han encontrado refugio en el país nórdico.
En un primer paso, Estocolmo anunció que modificaría sus leyes antiterroristas para apaciguar a Erdogan, lo que ha provocado la protesta de la minoría kurda en Suecia. Con esta modificación, el país escandinavo incluirá como delito cualquier vínculo con una organización terrorista, lo que incluye al PKK.
El endurecimiento de la ley, no ha convencido del todo a Ankara, que mantiene el bloqueo a Suecia, por lo que este ha ido un paso más allá. El Gobierno sueco tiene en su mano extraditar a un simpatizante kurdo. El hombre en cuestión fue miembro de un grupo juvenil del partido prokurdo HDP, formación acusada a menudo por Ankara de ser una tapadera del PKK.
En Turquía ya pasó por la cárcel, donde cumplió cuatro años y sietes meses de pena, acusado por un delito de narcotráfico. Tras salir en libertad condicional, se trasladó a Suecia y se convirtió en un activo crítico de Erdogan a través de las redes sociales. Una vez en el país escandinavo, denunció que la orden de extradición, emitida en su contra, era de índole política y debía rechazarse de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ahora, el Tribunal Supremo sueco ha dictaminado que no existen suficientes pruebas como para determinar que la orden de extradición está motivada por fines «políticos» y ha autorizado su aprobación. La palabra final, tras esta sentencia, la tiene el Gobierno sueco, que podría aplacar las reticencias de Turquía con este gesto, sobre todo, de cara a la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el 11 y 12 de julio.