La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, en Luxemburgo
Los países de la UE que rechacen acoger a solicitantes de asilo tendrán que pagar 20.000 euros por cada uno
Los ministros del Interior de los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este jueves un acuerdo para reformar el sistema de asilo del bloque, con el objetivo de que haya un reparto más equitativo de la acogida de solicitantes de asilo.
El texto pactado hoy permite a un Estado miembro negarse a acoger en su territorio a un solicitante de asilo procedente de otro país comunitario si abona 20.000 euros por persona rechazada. El dinero irá a un fondo gestionado por Bruselas.
Suecia, que ocupa la presidencia semestral del Consejo de la UE, anunció el acuerdo tras una jornada de arduas negociaciones en Luxemburgo, donde estaban reunidos los ministros.
El acuerdo, que llega tras años de disputas sobre la política de asilo, necesitaba la aprobación de una mayoría de países que representasen al menos el 65 % de la población del club comunitario.
La comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, celebró el «paso muy significativo» dado por la UE en materia de migración.
«No son decisiones fáciles para todos, pero son decisiones históricas», ahondó la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser. Suecia había presentado propuestas de compromiso sobre dos textos clave del Pacto Migratorio. Uno de ellos preveía una solidaridad europea obligatoria pero «flexible».
En virtud de esa propuesta, los países del bloque estarán obligados a recibir a un determinado número de solicitantes de asilo que lleguen a otro país de la UE sujeto a presión migratoria o, en su defecto, a realizar una contribución financiera.
El otro texto aprobado obliga a los Estados miembros a implementar un procedimiento acelerado para examinar las solicitudes de asilo de un determinado número de inmigrantes que tienen menos posibilidades estadísticas de obtener el estatuto de refugiado.
El objetivo es facilitar la expulsión de estos inmigrantes hacia los países de origen o de tránsito.
Polonia y Hungría en contra
El acuerdo allana el camino a las negociaciones con el Parlamento Europeo, con vistas a una adopción de la reforma antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
Los países de la UE volvieron a experimentar un aumento del número de inmigrantes llegados luego de la pandemia de coronavirus, y además hay unos cuatro millones de ucranianos que actualmente se encuentran refugiados en el bloque.
Sin embargo, a la luz de recientes éxitos electorales de la derecha en diversos países, la tendencia dominante parece impulsar una política migratoria cada vez más restrictiva.
La división central estaba entre los países mediterráneos de primera llegada, que abogaron por reubicaciones automáticas en otros países, y otros como Hungría o Polonia, que se niegan a que se les imponga la recepción de los solicitantes de asilo.
Hungría y Polonia votaron de hecho en contra de las propuestas. Bulgaria, Malta, Lituania y Eslovaquia se abstuvieron, según la presidencia sueca del Consejo de la UE.
Durante las negociaciones, el representante polaco, Bartosz Grodecki, calificó la contribución financiera de «multa» que «no será aceptada por los ciudadanos».
A su vez, el ministro italiano, Matteo Piantedosi, advirtió que era «difícil aceptar» el compromiso y expresó sus «dudas» sobre la implementación práctica del sistema de reubicación y las contribuciones financieras.
Italia pedía que los solicitantes de asilo rechazados pudieran ser devueltos a países «seguros» por los que transitaron, incluso si no existe un vínculo particular entre el migrante y este país. Alemania rechazó esa idea.