El informe final del Partygate divide al Gobierno británico: ¿justicia o venganza contra Boris Johnson?

El esperado informe del Partygate, investigación parlamentaria sobre las fiestas de Boris Johnson durante la Covid, ha salido a la luz –y ha divido la opinión política británica. Suma más de 106 páginas, y fue elaborado por un comité de siete parlamentarios durante un año entero. Su objetivo era evaluar los supuestos engaños del antiguo primer ministro al parlamento británico.

Tras el fracaso del Partido Conservador en las últimas elecciones municipales, el ambiente político británico es frágil. La publicación del informe empeoró la rivalidad entre los tories y los laboristas: mientras que los aliados de Johnson lo consideran «vengativo» e injusto, sus rivales opinan que el antiguo líder merece sufrir consecuencias por sus mentiras al parlamento.

El escándalo del Partygate fue una de las principales razones por las que Johnson dimitió. También renunció a su cargo como diputado la semana pasada, tras recibir una copia anticipada del informe.

Mentiras al Parlamento

Aunque el público ya tenía conocimientos aproximados del contenido del informe cuando se publicó un borrador en mayo de 2022, la versión final desveló nuevos fracasos por parte de la administración de Boris Johnson. El descubrimiento principal es que engañó aposta a la Cámara de los Comunes al afirmar repetidamente, después de que surgiera el escándalo Partygate, que Downing Street obedeció la normativa sanitaria en todo momento.

Si bien Johnson admitió que engañó a los diputados con sus declaraciones originales, sostiene que en ese momento creía que eran verdaderas, y que se basaban en las garantías recibidas de los funcionarios. Sin embargo, el informe descubrió que el ex líder tenía «conocimientos personales» de las violaciones de la normativa sanitaria en el número 10.

Además, el informe resaltó que Johnson no se esforzó por buscar garantías sobre el cumplimiento, lo cual, según el informe, indica que evitó deliberadamente considerar esa posibilidad. Como resultado, se llegó a la conclusión de que era muy poco probable que realmente creyera en las garantías que ofreció en ese momento, y mucho menos que aún las crea en la actualidad.

En consecuencia, el informe determinó que Johnson demostró un claro «desprecio» hacia el Parlamento en sus declaraciones del año pasado, ya que obstaculizó la capacidad de los diputados para cumplir con su «tarea esencial» de investigarlo y castigarlo.

Una suspensión sin efectos

El comité sugirió que se suspendiera a Boris Johnson durante más de 10 días, antes de que anunciara su renuncia como diputado. Podría haber resultado en una posible elección parcial en su área electoral de Uxbridge y South Ruislip.

La investigación también reveló que dos miembros del comité, Allan Dorans, del Partido Nacionalista Escocés, e Yvonne Fovargue del Partido Laborista, querían expulsarlo de la Cámara de los Comunes, pero perdieron en la votación.

La expulsión es extremadamente infrecuente en la historia parlamentaria, y solo ha ocurrido un puñado de veces en los últimos cien años. Sin embargo, la opción de la suspensión ya no es viable.

No obstante, el informe indica que, dadas las declaraciones del ex primer ministro sobre el comité, habrían recomendado una prohibición de 90 días (Sanción extraordinariamente larga). Además, sostiene que no debería recibir un pase parlamentario, algo que los ex diputados generalmente pueden solicitar. Pero quizás la mayor consecuencia del informe sea el daño a su reputación entre los diputados conservadores, y lo que esto significa para su posible regreso político en el futuro.

Venganza e injusticia

Los seguidores de Johnson se han mostrado indignados por la conclusión del comité de privilegios. Algunos amenazan con 'deseleccionar' a aquellos miembros del Partido Conservador que respalden la investigación.

Nadine Dorries, exsecretaria de Cultura, lo considera un informe «extraño» con un evidente sesgo del comité, principalmente de su presidenta Harriet Harman, y del miembro conservador Bernard Jenkin: «Este informe va demasiado lejos, muestra intenciones preestablecidas. Quienes apoyen este informe no son verdaderos Conservadores y serán responsabilizados. Podría haber deselecciones. Es serio, los diputados deben mostrar justicia y cómo se practica», tuiteó Dorries.

Brendan Clarke-Smith, fiel seguidor de Johnson, también se mostró consternado por las conclusiones «maliciosas del informe». Tuiteó: «No apoyaré las recomendaciones, y declararé públicamente en su contra. Defiendo la equidad, no juicios falsos».

Jacob Rees-Mogg, nombrado caballero por Johnson, citó el tuit de Clarke-Smith, y afirmó: «Considero ridículo que el Parlamento sacrifique su dignidad. El informe del comité de privilegios es un ejemplo».

Por su parte James Duddridge, diputado y exsecretario privado de Johnson, comparó el veredicto del comité con un castigo medieval a través de su cuenta tuit. Duddridge afirmó: «¿Por qué no ir más lejos y humillarlo públicamente? La historia tendrá gran estima por Boris. Gracias por su servicio».

Apoyo al informe

Pero donde algunos encontraron venganza, otros encontraron justicia. Chris Bryant, diputado laborista por Rhondda, afirmó que el ex primer ministro era un «canalla» que «mintió repetidamente» y que, por lo tanto, merecía sufrir las consecuencias del informe.

El pasado jueves, celebró la dureza del informe: «Finalmente, se hizo justicia para todas aquellas personas que cambiaron sus vidas al cumplir las reglas del confinamiento, y que no pudieron coger de la mano a sus seres queridos mientras morían, mientras que Johnson y sus colegas festejaban. Mintió. Mintió repetidamente. Y lo hizo conscientemente. Es un canalla, y espero que nunca volvamos a verlo en la política».

Esta conclusión del informe del comité de privilegios supone un hito importante en la crisis política que rodea al ex primer ministro Boris Johnson. A medida que el informe se difunde y las reacciones se intensifican, el futuro político del líder conservador y su legado se hunden en una posición precaria.