El Parlamento y la Comisión Europea, en pie de guerra por el pacto migratorio de la UE

El Parlamento Europeo quiere cerrar a toda costa un nuevo pacto migratorio antes de las elecciones europeas, que tendrán lugar en junio de 2024. La inmigración es un tema muy controvertido en el hemiciclo, ya que la postura de los diferentes países son, en muchas ocasiones, diametralmente opuestas.

El reciente naufragio de Grecia, en el que murieron al menos 500 personas, ha vuelto a reabrir el debate en Bruselas sobre si la Unión Europea debería realizar rescates de inmigrantes. La polémica está servida en el bloque comunitario. Mientras la Eurocámara defiende que la UE tendría que establecer su propia misión de rescate de inmigrantes destinada a salvar más vidas en el Mediterráneo, la Comisión se niega.

De hecho, los eurodiputados votaron el jueves en Estrasburgo una resolución en la que se pide a la Comisión el «establecimiento de una misión integral de búsqueda y rescate de la UE implementada por las autoridades competentes de los Estados miembros y Frontex». A su vez, la medida, no vinculante, insta al brazo ejecutivo de la UE a «apoyar tales iniciativas política y financieramente».

Una resolución que no ha sentado nada bien en la Comisión. Ylva Johansson, la comisaria europea de Asuntos de Interior, se negó a secundar la norma. La comisaria insistió en que las operaciones de rescate de inmigrantes son competencia de los gobiernos nacionales y que la agencia fronteriza de la UE, Frontex, ya desempeña un papel de coordinación.

¿En qué consiste el pacto migratorio?

Mientras los Estados del sur apuestan por compartir la carga de la inmigración entre los Veintisiete, países como Polonia o Hungría se niegan a acoger a los solicitantes asilo. En este sentido, el nuevo acuerdo migratorio de la UE no ha dejado indiferente a nadie. El pasado mes de junio, y con el apoyo de 21 países de la Unión, se logró un acuerdo para remodelar el proceso de asentamiento de los inmigrantes.

El nuevo pacto recomienda a los países que están en primera línea, como puede ser el caso de España o Italia, que apliquen un procedimiento de asilo más estricto en la frontera para aquellos que no vayan a ser aceptados. Asimismo, se le otorga a los Estados mayor margen de maniobra para devolver a los solicitantes rechazados.

Pero la polémica radica en el siguiente punto del pacto. Los países de la UE que no reciben tanta inmigración tienen dos opciones: aceptar un cierto número de inmigrantes cada año o pagar a un fondo conjunto de la Unión, unos 20.000 euros por solicitante rechazado. Otro punto también espinoso de la propuesta es la reubicación en terceros países de los inmigrantes.

Alemania argumenta que la Unión Europea no pude enviar a los solicitantes de asilo a un país que no respete los derechos humanos. Italia, que se enfrenta frontalmente a esta postura, pide más opciones para devolver a aquellos que no cumplan los requisitos de entrada al país. Finalmente, este pulso lo ganó Roma, que contó con el respaldo de otros diez países.

Así las cosas, el pacto migratorio cuenta, a día de hoy, con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros. Hungría y Polonia se posicionaron en contra de la propuesta. Por su parte, Bulgaria, Malta, Lituania y Eslovaquia se abstuvieron. Aún así, la batalla por renovar el pacto migratorio se mantiene y las negociaciones se esperan duras y, sobre todo, largas.