La delincuencia común se apodera de Cuba
El régimen comunista ya no se puede jactar de su «seguridad pública» ante el vertiginoso aumento de la violencia contra personas y bienes
«Gritar en la calle contra el gobierno garantiza un rápido despliegue policial; gritar pidiendo auxilio, no», se puede leer, a modo de certera introducción, en el Informe de inseguridad pública en Cuba, realizado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac), al que ha tenido acceso este diario. El trabajo cubre los seis primeros meses de este año y sus conclusiones son demoledoras.
Entrevista a Sor Nadieska superiora de Las Hijas de la Caridad en Cuba
«Me duele sentir que estamos presos en una isla de la que muchos se han olvidado»
El Ocac ha identificado «98 reportes comprobados en el primer trimestre: 16 en enero, 48 en febrero y 34 en marzo. De ellos, 42 fueron robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y 6 otro tipo de delitos. El informe señala que durante el segundo trimestre de 2023 se registraron 189 reportes de crímenes, incluyendo robos, asesinatos, asaltos y agresiones. Las provincias más afectadas en el segundo trimestre son La Habana, Villa Clara y Guantánamo».
Asimismo, el Ocac considera «muy relevante» la comparación del comportamiento trimestral donde se puede apreciar que prácticamente entre un trimestre al otro se duplicaron los delitos, de 98 a 189 (para un 92 % de crecimiento). De estos, los robos crecieron en un 83 % (77 versus 42) y los asesinatos en un 43 %. (49 versus 33). Otro dato para tener en cuenta es que el mayor incremento ocurrió en el mes de junio, lo que pudiera indicar que se avecina una escalada de hechos delictivos en los próximos meses.
Llama la atención también la naturaleza de los bienes hurtados, que delatan la pobreza extrema por la que atraviesa Cuba: En uno de los informes analizados, se detalla cómo «los ladrones se llevaron dos celulares, una billetera y algo tan simple como un paquete de toallitas húmedas». En otro, «el botín consistió en dos colchones, dos ollas de presión, dos hornillas eléctricas, 6.240 pesos, tres pitusas [pantalones vaqueros] nuevos, un par de zapatos y otro de botas».
Por no hablar de la violencia desmedida que los delincuentes utilizan para alcanzar sus fines. Por ejemplo, en el mes de enero, una mujer en La Habana fue apuñalada cinco veces y recibió un martillazo en la cabeza durante el robo de un bolso; un hombre en Camagüey también fue apuñalado en varias ocasiones y posteriormente descuartizado para sustraerle un triciclo eléctrico; y otro en la Isla de la Juventud fue herido a machetazos en una riña mientras hacía la cola para comprar salchichas.
Los episodios sangrientos no podían faltar en esta trágica lista: en el primer trimestre de este año, el Ocac señala 16 feminicidios comprobados, perpetrados en su mayoría por parejas o exparejas de las víctimas. Estos han sido denunciados por entidades independientes, como el Observatorio de Género de Alas Tensas. «También en el mes de marzo ocurrió un filicidio, cuando una estudiante de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) de Villa Clara, dio a luz a un bebé y lo arrojó desde un segundo piso».
Robo de ganado
Varios son los reportes de violencia ejercida sobre personas con el fin de robarles su ganado. En Villa Clara, un hombre fue apuñalado por otro que quería sustraerle un caballo; en Camagüey, un campesino fue asesinado a machetazos en su finca para llevarle sus reses, y en Cienfuegos fue degollado uno en similares circunstancias.
En Las Tunas, un estudio de principios asegura que en 2022 se registraron en la provincia 5.305 hurtos y sacrificios, cifra que representa 2.207 más que en 2021.
Una realidad que el régimen no oculta: un reportaje publicado en Granma, el diario oficial del régimen, indicaba que en 2022 llegaron a 12.237 los robos y sacrificios de cabezas de ganado en la provincia de Villa Clara. Baste decir que en 2018 hubo 2093 casos y en 2021 se duplicaron, llegando a 4071.
Conclusión del Ocac: «La inseguridad pública es un efecto, no la causa. El ejercicio sostenido de la violencia estructural por parte del Estado ha generado que amplios sectores poblacionales se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad y eso, a su vez, es uno de los orígenes de la ola de violencia que sufre el país. Para resolverlo, deben generarse estrategias eficientes contra la exclusión política, económica, educacional y cultural de amplios sectores».