La frontera colombo-venezolana: un paraíso para la delincuencia, el narcotráfico y los paramilitares

El 61% del territorio venezolano, es decir, toda la frontera con Colombia, desde la Goajira hasta el Amazonas, y la cuenca sur del río Orinoco en el Estado Bolívar, está controlado por grupos irregulares, vinculados con la delincuencia organizada y las mafias, el narcotráfico, y la guerrilla colombiana.

Esto se afirmó durante un reciente debate organizado por el político venezolano Antonio Ledezma, con el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), que es un órgano consultivo y de cooperación multinacional, multiprofesional y multisectorial.

Por cierto, el gobierno acaba de dictar contra Ledezma, residente en España, un auto de detención junto a una solicitud de extradición por «traición a la patria», basados en unas declaraciones dadas a una periodista venezolana residente en Miami y sacadas de contexto.

En el encuentro referido, se indicó que esta situación se da a raíz del auge de la economía ilegal en Venezuela, la cual goza de total impunidad.

En el debate participó María Paula Romo, exministra de Gobierno de Ecuador; Romo aseguró que el continente se está «jugando su supervivencia democrática, pues están en marcha muchos mecanismos delincuenciales que van desde los ciberdelitos, la extorsión, la legitimación o blanqueo de capitales, además del tráfico ilegal de minerales (oro, diamantes, coltán y otros), de armas, el tráfico sexual o de personas, el contrabando y la falsificación».

También advirtió que todas esas operaciones se presentan en un contexto donde el Estado se encuentra debilitado, como es el caso particular de Venezuela.

Esta red de economía ilegal pone en peligro el destino de la economía mundial pues los grupos armados irregulares han venido extendiendo su presencia aquí (y también en Colombia, Ecuador y Brasil), en un proceso que involucra varios factores que han permitido su actuación y consolidación en el país, especialmente en la última década.

Pero, además, porque sus lazos internacionales con organizaciones criminales en EE.UU., Europa, África y Asia, son fuertes.

De acuerdo a estudios realizados por instituciones independientes especialistas en el tema de seguridad, el crecimiento de la presencia de estos grupos en nuestro país se ha dado como consecuencia de la fragmentación del poder y con la anuencia de las autoridades, tanto civiles como militares, e incluso, en complicidad con funcionarios uniformados y grupos armados de carácter paramilitar.

Señalan los informes (ONG Alerta Venezuela, junio 2023), que en algunos casos el propio régimen «ha cedido a estos grupos irregulares, el control sobre porciones del territorio del país o les ha dado funciones dentro de la estructura gubernamental».

Lo cierto es que, desde hace ya un tiempo, se ha puesto en evidencia el creciente papel que están jugando las actividades económicas ilícitas, como fuente de dinero fresco y no sujeto a contraloría, para el gobierno nacional.

Con ellas, se ha creado una estrecha interdependencia entre la delincuencia organizada, el narcotráfico y los paramilitares colombianos, con los grupos de poder dentro del sistema político y económico, con los que están altamente vinculados.

Esta relación funciona por medio de una compleja estructura que recibe apoyo y garantía de impunidad por parte del gobierno, lo cual era previsible, en vista de que la aplicación de las políticas populistas quebrara la economía en solo diez años y convirtieran a Venezuela en «un pobre país rico».

El sistema político-económico fue mutando de un régimen con pretensiones socialistas a un capitalismo salvaje, corrupto y desenfrenado

En ese lapso, el sistema político-económico fue mutando de un régimen con pretensiones socialistas a un capitalismo salvaje, corrupto y desenfrenado, que se nutre del dinero que proviene de las rentas subterráneas generadas por una extensa y diversificada red economía ilegal.

A manera de ejemplo, esta red, es capaz de generar más de 2 mil millones de dólares solo con las actividades asociadas al contrabando de combustible y otros bienes; otros 2 mil millones por la venta ilegal del oro y diamantes, extraídos en el Arco Minero del Orinoco, a los cuales se suman unos 5 mil millones aportados anualmente por los carteles del tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de mil millones por el contrabando y la importación de bienes en los puertos marítimos y aéreos que el gobierno ha liberado de impuestos y aranceles.

Solo los montos de esta economía ilegal que ha sido posible contabilizar, representan entre el 20 y el 25 % del PIB anual del país, calculado en unos 45 mil millones de dólares.

Conociendo esta terrible realidad, uno entiende por qué la crisis económica y social del país ha alcanzado en los últimos diez años, la magnitud que tiene, ha sumido en la pobreza a cerca del 80 % de la población y ha provocado la migración de más de 7 millones de venezolanos.