Inmigrantes en el Mediterraneo
¿Está tan cerca el pacto migratorio de la UE como dice Marlaksa?
Para equilibrar los procesamientos de inmigrantes irregulares, la UE ha propuesto un sistema de cuotas, y nuevos estándares para la recepción de estas personas
El nuevo pacto migratorio de la Unión Europea ha generado grandes tensiones dentro del bloque. El pasado jueves, después de que los ministros de Interior del bloque debatieran durante horas sin llegar a un acuerdo, el representante de Italia, Matteo Piantedosi, salió de la sala sin votar.
Y esta semana, tanto Hungría como Polonia han manifestado públicamente su desacuerdo con la iniciativa. Aún así, desde la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se muestra optimismo y se habla de que faltan «matices» para llegar a un acuerdo. El ministro Marlaska confía incluso en que sea esta misma semana cuando se materialice el pacto, una vez que Italia se haya convencido.
Sin el país transalpino es casi imposible acordar nada en materia de inmigración. Gran parte de los ilegales llegan a Europa a través de sus costas y Lampedusa se ha convertido en un puerto continuo de irregulares, por lo que la UE necesita el visto bueno de Meloni para que el pacto tenga sentido. Si no, podría pasar lo mismo que con el acuerdo que se alcanzó a principios de siglo y que casi nadie respetó.
Pero ¿qué implicaría exactamente un acuerdo? Se trata de un intento de la Unión para equilibrar, y modernizar sus procesos de asilo, acogida, e inmigración.
Regulación del procedimiento de asilo
La primera nueva regulación establece un procedimiento común en toda la UE que los Estados miembros deben seguir cuando las personas buscan protección internacional.
Propone una serie de disposiciones procedimentales, como la duración del procedimiento, y establece estándares para los derechos del solicitante de asilo, como el derecho a un intérprete o a asistencia y representación legal. También busca prevenir abusos del sistema al definir obligaciones claras para que los solicitantes cooperen con las autoridades durante el proceso.
Introduce procedimientos obligatorios en la frontera con el propósito de evaluar rápidamente, en las fronteras exteriores de la UE, si las solicitudes son infundadas o inadmisibles. Las personas sujetas al procedimiento de asilo en la frontera no están autorizadas a entrar al territorio del Estado miembro.
Esta regla se aplica cuando un inmigrante hace su solicitud en un punto de cruce de frontera externa, tras ser detenido en relación con un cruce de frontera ilegal, o después de un rescate.
Es obligatorio para los Estados miembros si el solicitante representa un peligro para la seguridad nacional o el orden público, ha engañado a las autoridades con información falsa o ha ocultado información, o si tiene una nacionalidad con una tasa de reconocimiento inferior al 20 %. La duración total del procedimiento de asilo y retorno en la frontera no debe ser superior a 6 meses.
Para llevar a cabo estos procedimientos, los Estados miembros deben establecer una capacidad adecuada, tanto en cuanto a la recepción como a los recursos humanos, para evaluar las solicitudes y enviar de vuelta a sus países a aquellos que no son aceptados.
El sistema de cuotas
El reglamento de gestión del asilo y la migración AMMR debería reemplazar, una vez acordado, el actual reglamento de Dublín. Dublín establece normas para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de asilo. El AMMR simplificará estas normas y acortará los plazos.
Para equilibrar el sistema actual en el que unos pocos Estados miembros son responsables de la mayoría de las solicitudes de asilo, se propone un nuevo mecanismo de solidaridad que sea simple, predecible y funcional. La UE y Alemania han propuesto repartir las personas entre los países miembros, para que cada uno acoja a un número similar de inmigrantes, y las fronteras de ciertos países no se vean saturadas – como es el caso de Italia o Grecia.
El acuerdo obligaría a los países de la UE a recibir una cuota inicial de 30.000 migrantes, principalmente de aquellos que huyen de crisis en Oriente Medio y África y solicitan asilo en Europa. Sin embargo, se ha ofrecido una alternativa a los países reacios: aquellos que opten por no recibir migrantes pueden abonar 22.000 euros por cada persona que rechacen.
Estas contribuciones incluyen reubicación, contribuciones financieras o medidas alternativas de solidaridad, como el despliegue de personal o medidas centradas en la creación de capacidades.