María Corina Machado, la liberal que ha arrasado en las primarias venezolanas y pretende destronar a Maduro

María Corina Machado ha conquistado por una amplia mayoría el liderazgo de la oposición venezolana al imponerse en las primarias de este domingo con la promesa de acabar con la dictadura de Maduro y de llegar al poder e imponer un país liberal.

Su mantra «esta lucha es hasta el final» ha calado entre los votantes, convencidos de que podrá hacer frente al chavista Maduro y que han ofrecido a Machado el 93,13 % de los votos, según en el primer boletín emitido por la Comisión Nacional de Primarias (CNP).

«Esta gesta histórica no es el final, pero sí el principio del final. Hoy se han desatado fuerzas muy poderosas frente a los obstáculos y atropellos. Venezuela ha derribado todas las barreras con esta avalancha ciudadana», afirmó la candidata de Vente Venezuela tras arrasar en las primarias y convertirse en la candidata unitaria de la oposición.

Ingeniera industrial de profesión, sus andanzas políticas se remontan al régimen de Hugo Chávez, al que se enfrentó como irreverente opositora hace más de una década con la frase «expropiar es robar», conocida por interrumpir un discurso de nueve horas del dictador.

Era diputada cuando se atrevió a desafiar a Chávez (1999-2013), cuya política económica incluía expropiaciones de empresas, edificios y propiedades. Con esas palabras, catapultó el desprecio del chavismo y terminó de conquistar a los opositores más radicales.

Aunque el régimen todavía no ha fijado el calendario electoral de cara al año que viene, se prevé que Machado, de 56 años y de carácter claro y tajante, haga frente a Maduro en 2024 a pesar de la inhabilitación política que pesa sobre ella.

Radical contra el régimen de Maduro, Machado ha sufrido durante años las burlas del chavismo, cuyos dirigentes la tildan de «loca» y de «traidora a la patria», razón por la que la expulsaron en 2014 del Parlamento, tras haber hablado como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció la represión gubernamental a las protestas de entonces.

Al año siguiente, las instituciones hicieron caer sobre ella dos medidas que pretendieron sacarla del terreno político: una prohibición de salida del país que lleva ocho años vigente, sin estar juzgada por ningún delito, y una inhabilitación administrativa que le impedía ocupar cargos de elección popular durante un año, aunque la Contraloría comunicó el pasado julio que su veto durará hasta 2030, dictamen que podría poner en peligro su candidatura como principal oposición de Maduro.