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Alex Fergusson
Alex FergussonEl Debate en América

Negociación gobierno-oposición en Venezuela: ¿acuerdos o declaraciones de intención?

Se trata de un conjunto de medidas de alejamiento importante de la política estadounidense, hacia la Administración de Nicolás Maduro

Actualizada 04:30

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estrechando la mano del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge RodríguezAFP

Otra vez, el Gobierno y la oposición venezolana reencuentran el diálogo y deciden reunirse.

En esta oportunidad, como ha ocurrido anteriormente, el Gobierno de Nicolás Maduro negoció previamente con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo que se tradujo en la excarcelación de cinco prisioneros políticos por parte de Maduro y de la autorización para vender legalmente, petróleo, gas, oro y la liberación de 3.000 millones de dólares de fondos bloqueados, por parte de los EE.UU.

Este acuerdo previo, se ejecutó sin aviso cuando el diálogo con la oposición en la isla de Barbados, con la mediación de Noruega, apenas se había iniciado.

Específicamente, EE.UU. levantó temporalmente sanciones que incluyen a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central (BCV), a la empresa minera nacional (MINERVEN) y a la línea aérea CONVIASA.

El Departamento del Tesoro (a través de OFAC), emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente las transacciones al sector petrolero y de gas. Asimismo, la OFAC emitió una segunda licencia que autoriza los tratos para reducir el comercio ilegal de oro en el mercado negro, tal como viene ocurriendo. Además, modificó dos licencias para eliminar la prohibición de comercio secundario de ciertos bonos soberanos de Venezuela, soportados por la deuda y el capital de PDVSA.

Adicionalmente, modificó una licencia otorgada al gobierno de Trinidad y Tobago, para poder exportar gas natural desde el proyecto costa afuera Dragón (propiedad de PDVSA) a esa nación, y que también le permite cancelar en efectivo a Venezuela el gas natural que importará; así, Trinidad y Tobago podrá pagar el gas venezolano de su proyecto del Campo Dragón en dólares y otras monedas, en lugar de ayuda humanitaria , como venía haciendo.

Como se ve, se trata de un conjunto de medidas de alejamiento importante de la política estadounidense, hacia la Administración de Nicolás Maduro.

Por su parte, Venezuela desviará el petróleo que hoy va a China, si EE.UU. continúa flexibilizando las sanciones petroleras. Se supo luego, que el Sr. Francisco Palmieri, asumió su cargo como nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela.

En todo caso, el Departamento de Estado comentó que el incumplimiento de los términos de ese acuerdo previo entre los dos gobiernos, los llevaría a revertir las medidas que han tomado.

Aparte, y con la oposición, se firmó un «Acuerdo» que parece más bien, una declaración de buenas intenciones, respecto al cual la candidata líder, María Corina Machado señaló que «no precisa las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024». En el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos. Los gobiernos de los países acompañantes de este proceso se constituyen frente al pueblo en garantes de que estos compromisos asumidos se concreten

Por su parte, el candidato César Pérez Vivas, señaló que «es chucuto (corto o insuficiente) que no cubre las expectativas de quienes exigimos pleno respeto a los derechos humanos. El gobierno no cede nada. No libera presos políticos, ni restituye los derechos políticos confiscados con la figura de las inhabilitaciones. Es otra cortina de humo para ocultar la falta de voluntad política de un sector errático en la conducción del país. Los hechos hablarán por sí solos. Hoy, tras una negociación express en Barbados, nos encontramos con un «acuerdo» para respetar lo que es un mandato de la Constitución».

La opinión general es, pues, que tal acuerdo «no llena las expectativas sobre las condiciones y garantías para alcanzar unas elecciones libres y justas en el 2024», aunque todos celebran el reinicio de las conversaciones.

Al respecto, Iván Simonovis, ex jefe de la Policía de Caracas, ahora en el exilio, dijo que «A pesar de su debilidad e inconsistencia … el acuerdo es un paso importante en la construcción del futuro que deseamos. El futuro no es lo que viene sino lo que se está construyendo».

Por su parte, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria opositora, Gerardo Blyde, destacó que se había logrado con el gobierno pactar la fecha de las elecciones presidenciales para el segundo semestre del 2024 y la puesta en marcha de la actualización del Sistema Electoral, pero insistió en que el acuerdo «es insuficiente para el restablecimiento completo de las garantías constitucionales democráticas y el respeto a los derechos humanos, pero es un acuerdo parcial, es un paso adelante para poder seleccionar a nuestros candidatos por mecanismos propios, porque podemos avanzar en que las instituciones del estado respondan a lo que manda la Constitución».

Respecto a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, que no se menciona expresamente, Blyde dijo que sí se plantea la «ruta» para recuperar los derechos de los inhabilitados en el artículo 11 del acuerdo, en el que se señala que: «Se promoverá la autorización a todos los candidatos y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de claridad, eficiencia y eficacia recogidos en la constitución».

También el subsecretario de Estado de EE.UU. para asuntos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, reiteró que «EEUU condiciona las sanciones en Venezuela al levantamiento de inhabilitados y liberación de presos políticos»

No obstante, la liberación de algunos presos políticos (los emblemáticos casos de Ronald Carreño, y Juan Requesens, y de Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barreto), así como las autorizaciones que citamos, otorgadas por el gobierno norteamericano, debieron «caer por sorpresa» a la delegación venezolana.

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