La escuela argentina del 'lawfare', el espejo en el que se mira el acuerdo PSOE-Junts

Cicerón afirmaba que «sin justicia no hay república» por eso, cuando quedan pocos días para saber cuál será la opción de los argentinos, es indispensable detenernos a mirar a la Justicia.

Porque la Justicia será la última garantía cuando escuchemos el nombre del vencedor de esta contienda de ejércitos diezmados por la desesperanza, la falta de motivación y la tristeza.

Massa promete desactivar como presidente la bomba que supo crear como ministro

Quien hoy es ministro de Economía en Argentina y candidato presidencial, Sergio Massa, afirma con desparpajo que si confiamos en él y lo votamos, la inflación, la corrupción, los dólares baratos para amigos a costa de la falta de servicios hospitalarios para todos, concluirá. Promete desactivar como presidente la bomba que supo crear como ministro.

Nada tiene para festejar quien en un año al frente de nuestra economía duplicó largamente la elevadísima inflación que padecíamos, aumentó la pobreza y la indigencia, vació las cajas del Banco Central , multiplicó la emisión monetaria y logró que la falta de servicios –por inexistencia de dólares para la producción– paralice muchas empresas y además, se encuentra señalado en causas de corrupción y espionaje ilegal.

Sin embargo, está de fiesta. Ganó en las primarias un lugar para la segunda vuelta y le toca competir con un rival, Javier Milei, sin estructuras ni experiencia que apenas ha atinado en el debate realizado, y no ha podido controlarse para no volverse loco frente a las cámaras.

Ganó intendencias, incluyendo aquella en la que su intendente fue grabado, la semana previa a esa elección , navegando en un yate, y haciendo gala del despilfarro del dinero que debía ser gastado en el pavimento y las cloacas de su municipio.

Ni siquiera le preocupa la denuncia promovida en su contra por violación del Código Nacional Electoral, las infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos, por el dictado de órdenes contrarias a la Constitución y las leyes nacionales y por el fraude a la Administración Pública como consecuencia de darle a los caudales públicos que administra un destino distinto (respaldar su candidatura) que aquellos a los que estaban destinados. Sonríe sin preocuparse, no porque crea que le faltan pruebas a los denunciantes, sino porque no duda que logrará desalentar la investigación promovida.

Sabemos que ha sabido tejer fuertes vínculos con la Justicia. Eslabones de acero –no de lana– con los que puede atar algunos procesos que incomodan a funcionarios y empresarios que pretenden evitar el daño solar poniéndose a su sombra. ¡Cuánto más hará por sus propias causas!

Massa ha sabido tejer fuertes vínculos con la Justicia

Ni la verdad ni las evidencias parecen tener importancia en algunos procesos donde los actos procesales sólo se realizan para legitimar la resolución liberatoria que está escrita antes de leer la denuncia. Hace cuarenta años recuperamos la democracia, pero devaluamos hasta su significado porque no supimos cuidar la república.

La política se judicializó y todo lo que no puede resolverse en el ámbito que le es propio, se le exige que sea arbitrado por la señora de ojos vendados que, haciendo gala a esa imagen, resuelve sin ver las razones por las que se la interroga. Pero, peor aún, la Justicia se politizó y, tal vez a causa de un Consejo de la Magistratura (órgano que designa, sanciona y puede destituir a los jueces) que ha perdido el equilibrio que la Constitución le exige, quienes la imparten tienen la mirada puesta más en el rostro de quienes ejercen el poder que en las leyes.

La violencia, la amenaza y los piquetes no sólo desvían el tránsito sino en muchos casos, las decisiones judiciales. Esa caja de herramientas es exhibida por quienes nos dicen «nosotros o el caos», sembrando miedo en quienes tienen que decidir su voto.

En Argentina, sólo el 3 % de los delitos denunciados reciben condena –la cifra negra del delito es preferible ignorarla–. La impunidad suele ser el «premio» de los delincuentes sobre todo si se tiene patrocinantes políticos.

El contenido del teléfono del puntero del peronismo Julio «Chocolate» Rigau detenido cuando, con 48 tarjetas de débito retiraba el sueldo de inexistentes empleados de la legislatura, brinda indicios de cuál es uno de los mecanismos de recaudación implicando de forma directa a dirigentes que responden al ministro-candidato Massa.

Designaron jueces que no surgían de la terna del Consejo de la Magistratura, cambiaron arbitrariamente el lugar de preferencia que habían ganado en los concursos, convirtiendo a éstos en una mera escenografía para justificar el resultado deseado. Por miedo o complicidad lograron que muchas sentencias no sean determinadas por las pruebas reunidas sino por las necesidades o le exigencia de algún personaje poderoso.

Cuando esto no alcanzó y los procesos avanzaban al ritmo de las evidencias, intentaron construir un muro contenedor para evitar que la resolución valorara los indicios reunidos. Ese muro –que lo vemos elevarse no sólo en Argentina– es el «lawfare» palabra que pretenden utilizar cual dinamita, para hacer volar por los aires los reclamos de justicia de quienes denunciaron la corrupción de los funcionarios que volvieron a encumbrarse en el Ejecutivo.

La actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, haciendo gala de la falta de respeto que la caracteriza, le gritó a los jueces, que debían juzgarla como jefa de una asociación ilícita, que quienes debían responder preguntas eran ellos. Su defensa nunca negó los cargos, nunca contradijo la prueba reunida en su contra, jamás logró contra argumentar las acusaciones, su única enfática defensa era gritar «lawfare».

Acusar a los fiscales y a los jueces que no pudo seducir o corromper, de ejercer un acoso judicial, una guerra jurídica contra quienes defienden a los pobres. (Tanto lo defienden que en sus gobiernos lograron duplicarlos).

Pretenden que se está ante una abusiva e ilegal utilización de las instancias judiciales, para inhabilitar a quienes defienden a los más vulnerables. Aparentando legalidad, afirman, intentan detener su lucha, desprestigiarlos, debilitar sus gobiernos. Los victimarios se disfrazan de víctimas del lawfare e insisten en retener el poder pese a sus crímenes.

El lawfare es en sus labios un golpe blando, una forma ilegítima de intentar acceder indebidamente al poder político manipulando causas judiciales, utilizando los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales.

En sus comienzo fue utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para cuestionar las decisiones del la Corte Penal Internacional referida a Derechos Humanos, pero luego fue el escudo tras el que pretenden ocultar sus delitos quienes ejercen o ejercieron el poder.

No intentan explicar cómo se esfumaron los dineros de las cajas del Estado ni como, en espejo, se acrecentaron sus patrimonios personales. No aclaran cómo se convirtieron en millonarios empresarios quienes, poco antes, eran empleados rasos carentes de fortuna, ni cómo ganan las licitaciones en forma casi monopólica sus amigos que carecen de antecedentes en la actividad para la que se los convocaba.

El duelo es el mismo, contralar al pueblo mediante el uso coercitivo de medios legales

La búsqueda de la verdad no importa, sólo importa la guerra aun ante una realidad que enceguece por el brillo de las pruebas. Sostienen que las espadas fueron sustituidas por palabras, pero el duelo es el mismo, contralar al pueblo mediante el uso coercitivo de medios legales. La guerra jurídica se une –sostienen– a la «guerra mediática», manipulando los medios de comunicación para provocar una enorme presión pública en contra de una persona, o una causa visualizada como enemiga.

El acoso judicial no es por lo que hicieron sino porque representan valores que los medios hegemónicos desprecian.

El pacto entre PSOE y Junts per Catalunya, intentando garantizar sus votos para lograr la investidura de Pedro Sánchez, incluye un acuerdo para elaborar una ley de amnistía a los implicados en el procés. Ese documento utiliza también el término lawfare dándole un significado parecido al que sostienen, ante los tribunales argentinos, muchos de los funcionarios y ex funcionarios implicados en causas de corrupción.

Intentarán desconocer sentencias de los más altos tribunales, protegiéndose con la acusación de que la Justicia ha sido instrumentalizadas para sacarlos de la contienda política. En Argentina o en España, se pretende que la ley sea utilizada como instrumento de una decisión política cuando las decisiones de la Justicia no los han favorecido.

No importa si se socava la separación de poderes, con la excusa de que los jueces actuaron con intereses políticos pueden intervenir sus decisiones; los objetivos para aquellos que los sostienen tienen más importancia que uno de los pilares esenciales de la democracia. En rigor, la división de poderes es su sustento ideológico.

El lawfare cuando es tal es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública; pero en la actualidad, está siendo utilizado para poner en crisis las pruebas que señalan a personajes de la política y del poder económico como autor de graves delitos. Se ha convertido en un arma defensiva, que se lleva embrazada para resguardarse de las pruebas que acreditan sus delitos y que se utiliza en forma ofensiva para atacar la separación de poderes y convertir a la Justicia en el brazo que ejecuta decisiones de la política.

A 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, la debilidad de sus instituciones hace soñar a quienes pretenden colonizarlas que esto es posible. Entre la mafia y la inexperiencia, debemos escoger nuestro destino con la esperanza que no sea la palabra del «líder» la que reemplace las evidencia y que la exigencia de un pueblo y la independencia de los jueces nos garantice que haya Justicia. Ese sueño es, seguramente, la pesadilla de los corruptos.