Francia se opone de nuevo a la definición comunitaria de lo que es una violación

Este miércoles la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo volvieron a debatir la posibilidad de incorporar la violación en la directiva de la UE contra la violencia contra la mujer pero París volvió a votar en contra por considerarla una intromisión en su derecho penal.

El 8 de marzo del año pasado la Comisión Europea impulsó su propuesta de legislación en este sentido. Se centra en cuatro campos: los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina (ablación), el ciberacoso y la esterilización forzosa. Desde entonces se ha intentado incluir la violación como uno de los pilares a combatir pero con escaso éxito.

No se logra un acuerdo sobre la inclusión o no del concepto, pero es que ni siquiera existe consenso a la hora de definir una violación. Cada país tiene la suya propia y los conceptos demasiado genéricos no gustan a determinados países al permitir puertas traseras para aplicar otras políticas de corte marcadamente ideológico. El caso de España es un ejemplo claro con las propuestas de Podemos.

En Italia, por ejemplo, la violación es todo acto sexual impuesto con fuerza, autoridad o bajo coacción. En Bélgica se habla de «consentimiento», concepto sobre el que gira también la última legislación española de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Lo que proponen el Parlamento y la Comisión es hablar de violación siempre que haya una relación sexual sin consentimiento. El matiz que incluye Italia (fuerza, coacción) desaparece.

El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE por sus siglas en francés) registra 100.000 violaciones al año en toda la Unión Europea. Según recogen en su página web, en 2018, se registraron 348.000 casos de violencia sexual. Un tercio son violaciones. Nueve de cada 10 víctimas son mujeres.

El pasado 5 de diciembre, la delegación de los derechos de la mujer en la Asamblea Nacional francesa puso en marcha un grupo de trabajo para concretar la definición penal de violación. Varios expertos fueron consultados entre los que se encontraron abogados, asociaciones y diputados. Por el momento no se conoce los frutos de ese trabajo.

Para Francia, el escollo se encuentra en las limitaciones legales del consentimiento y no quiere dar su brazo a torcer pese a las presiones internacionales. París considera que gran parte del derecho penal es un asunto de los Estados miembros y no de la UE.

Las tres partes implicadas en las negociaciones dan por imposible un acuerdo durante la presidencia española que termina el próximo 31 de diciembre y ponen las esperanzas en la presidencia belga de los próximos seis meses.