Preocupación en el Parlamento Europeo por la falta de control de programas espías en suelo comunitario

Meses después del escándalo internacional provocado por el espionaje a través del sistema Pegasus, la Comisión Europea aún no ha presentado un plan para responder a «las amenazas planteadas para las personas y la democracia» que supone el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías por diversos sistemas de inteligencia, incluso por particulares o empresas privadas.

Las conclusiones de la comisión de investigación sobre Pegasus y otros programas espía se aprobaron en junio de 2023. La Eurocámara urgió a cambios legislativos pero Bruselas todavía no ha movido ficha. Si se tiene en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, es muy probable que este tema no se toque hasta la siguiente legislatura.

No solo es delicado por las implicaciones humillantes que suponen el reconocer el vacío legal que permite que a ciudadanos europeos se les espíe sin consecuencia legal alguna, sino también porque podría dar a conocer ciertas prácticas habituales en los servicios de inteligencia.

«El marco jurídico actual no basta para detener los excesos», reconoce el Parlamento en un comunicado. La preocupación es doble: por un lado el espionaje con programas de otros países; por otro, el uso de programas espías de la UE en regímenes represivos.

Pendiente está una evaluación de la Comisión sobre si Chipre, Grecia, Hungría, Polonia y España «cumplen las condiciones para continuar este tipo de programas». Esto indica que el Gobierno no es de fiar y que se aleja a grandes pasos de la transparencia tan cacareada por los burócratas bruselenses.

El caso más sonado ha sido el espionaje a figuras clave de España por Marruecos usando el programa israelí Pegasus, pero no es el único. El Parlamento puso como ejemplo también a la periodista rusa Galina Timchenko exiliada en Alemania a la que también se le espió con dicho programa. Incluso otros eurodiputados han denunciado el ser espiados con otros programas.

En Grecia, dos miembros del Servicio Nacional de Inteligencia del país (EYP) se enfrentan a cargos criminales, y la investigación sobre el abuso de programas espía por parte de la Autoridad Helénica para la Seguridad y Privacidad de las Comunicaciones ha experimentado cambios inesperados, incluyendo el traslado del caso a otro fiscal.

Mientras tanto, en Polonia, la comisión nacional de investigación determinó que las víctimas fueron seleccionadas por motivos políticos. En España, el juez a cargo del caso ha suspendido temporalmente la investigación sobre los ataques contra el presidente y algunos ministros del Gobierno por parte de Marruecos debido a la falta de cooperación de las autoridades israelíes.

La resolución también indica que la compañía francesa Nexa Technologies ha comercializado el programa espía Predator a gobiernos represivos como los de Egipto, Vietnam y Madagascar. En Irlanda, se ha presentado una solicitud para indagar el papel del Grupo Intellexa en la venta de estos programas.

A pesar de las sospechas de violación de los controles de exportación de doble uso de la Unión Europea, los eurodiputados lamentan la falta de un seguimiento efectivo. Consideran que esto crea un entorno propicio para actores malintencionados en Europa, mientras que en los Estados Unidos, Intellexa y Cytrox, con base en la UE, han sido añadidas a una lista negra.