La suerte de Macron está en manos del heredero de Mitterrand

Palacio del Elíseo, 8 de enero de 2024. Como de costumbre, los 9 miembros del Consejo Constitucional, encabezados por su presidente, Laurent Fabius, acuden a felicitar el Año Nuevo al jefe del Estado. Suele ser un discurso de contenido estrictamente institucional, en el que se recuerdan las principales innovaciones jurisprudenciales del año anterior.

Sin embargo, este año Fabius, aún respetando las formas, adoptó de entrada una postura más ofensiva en su discurso. Primer banderillazo, y el más punzante: «el Consejo Constitucional no es una cámara de proyección de las tendencias de la opinión pública, ni un tribunal de apelación de las decisiones tomadas por el Parlamento; es el juez de la constitucionalidad de las leyes. Esta clara definición es probablemente la razón por la que, durante los debates sobre las leyes relativas a dos temas muy sensibles, las pensiones y la inmigración, el Consejo Constitucional se encontró en medio de pasiones contradictorias y momentáneamente tumultuosas». Todos los presentes entendieron.

A continuación, Fabius plantó el segundo banderillazo, en plena consonancia con el primero, recurriendo a un recordatorio de principios intangibles: «en 2023 nos ha parecido a mis colegas y a mí una cierta confusión entre derecho y política. Así que quiero decirlo de nuevo con toda claridad: podemos tener opiniones diferentes sobre la pertinencia de una ley que se nos ha remitido, podemos considerarla más o menos apropiada, más o menos justificada, pero ese no es el papel del Consejo Constitucional».

El remate fue algo más suave, pero con carga de fondo: «A mi predecesor y amigo Robert Badinter [presidente del Consejo Constitucional entre 1986 y 1995] le gustaba decir que ‘una ley inconstitucional es necesariamente mala, pero una mala ley no es necesariamente inconstitucional’. He hecho mía esta frase, porque define claramente el papel imparcial del Consejo, y espero que todos la tengan presente en 2024». Todos, entiéndase el presidente de la República, sus ministros y los parlamentarios de la mayoría (relativa) que le apoyan, estructurada en torno al partido Renaissance.

La triple e inhabitual crítica del presidente del Consejo Constitucional es una manifestación de indignación hacia la actitud de Macron y los suyos en los días inmediatamente posteriores a la aprobación definitiva de la polémica Ley de Inmigración: cuando, haber cedido ante la derecha en aspectos esenciales de la pieza legislativa, dijeron públicamente que confiaban en una censura, o rectificación, por parte de la institución que preside Fabius. En suma, que el Consejo Constitucional haga en el plano jurídico lo que ellos no lograron en el plano político. De ahí, el malestar expresado por Fabius en su discurso del 8 de enero.

De ahí que desde el Eliseo se espere con inquietud el fallo de hoy. Si el Consejo Constitucional aprueba el grueso de la ley o, incluso, si censura sus aspectos más polémicos -como quieren-, Macron y los suyos quedarán en una posición comprometida. ¿Por qué se alegrarían de la supresión de artículos que, al fin y al cabo, terminaron votando?

Más el caso también tiene una dimensión personal, pues las relaciones entre Fabius y Macron son siempre complejas. Ambos fueron miembros del mismo Gobierno entre 2014 y 2016: mientras el primero era ministro de Asuntos Exteriores, el segundo lo era de Economía. Pero sobre todo, a Fabius le hubiera gustado ser Macron. Cuando el segundo empezaba a despuntar, el primero dijo que «a su edad, yo ya era primer ministro».

En 1984, con 37 años, François Mitterrand le nombró jefe del Gobierno y le hizo su heredero político, en contra del deseo de muchos barones socialistas. Muerto el patriarca, su heredero quiso ser candidato a la presidencia de la República. Sin suerte: en 1995 y 2002, Lionel Jospin le tapó el camino de la candidatura socialista, en 2007 fue Ségolène Royal y cinco años más tarde, François Hollande. Por lo tanto, no pudo ser el (joven) presidente modernizador que pretendía ser. Macron, sí.