La Justicia argentina ratifica la investigación a Cristina Fernández por un caso de lavado de dinero

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación de Argentina rechazó ayer un recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que confirma que se mantiene la investigación por una caso de lavado de dinero.

La cusa denominada 'Ruta del dinero K', que se inició en abril de 2013, investiga a la también exvicepresidenta (2019-2023) por presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario de la obra pública Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández tuvieron una estrecha relación.

Fernández había sido favorecida con un sobreseimiento el 5 de junio de 2023 originado en un dictamen del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, el mismo que la había imputado en 2016.

La organización no gubernamental 'Bases Republicanas' –cercana a Propuesta Republicana, el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)– se presentó como querellante en la causa y reclamó la reincorporación de la entonces vicepresidenta.

'Bases Republicanas' logró la reapertura del caso el 28 de noviembre pasado cuando la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández, y la causa fue devuelta al juez Sebastián Casanello.

Fernández presentó una queja contra la revocación de ese sobreseimiento, que fue rechazada este lunes, por lo cual la causa seguirá en manos de Casanello.

Esta es una de las causas que aún involucran a Fernández, que el 6 de diciembre de 2022 fue sentenciada a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.

Esa sentencia aún no es firme, ya que ella apeló.

Fernández perdió sus fueros una vez que dejó el cargo de vicepresidenta, el 10 de diciembre de 2023, ya que no se presentó a las elecciones generales. No obstante, los 70 años que cumplió en febrero de 2023 le permitirían solicitar reclusión domiciliaria