Putin ratifica una ley para confiscar los bienes de los que difundan «noticias falsas» sobre el Ejército ruso

el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ido un paso más allá en su represión ante las crecientes críticas por la guerra en Ucrania y ha ratificado, este miércoles, una ley que autoriza la confiscación de bienes a personas culpables de «crímenes contra la seguridad», incluida la propagación de «noticias falsas» sobre las Fuerzas Armadas rusas.

El documento ha sido publicado en el portal de información legal de Rusia, después de la aprobación por parte de ambas cámaras del Parlamento, la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, del proyecto de ley correspondiente, presentado por 395 diputados.

En virtud de esta legislación, que entrará en vigor dentro de diez días, se requisará el dinero, los valores y las propiedades empleadas para financiar actividades que atenten contra la seguridad de la Federación rusa.

También se castigará la propagación de información falsa sobre el Ejército, los llamamientos a acciones extremistas y contra la integridad territorial de Rusia, así como acciones públicas que busquen desprestigiar a las Fuerza Armadas.

La sanción será aplicable a los culpables de apoyar públicamente la imposición de sanciones contra Rusia y sus ciudadanos, así como a quienes faciliten el cumplimiento de decisiones de organismos internacionales en los que Moscú no participa.

La rehabilitación del nazismo, delito ya contemplado en el código penal ruso, también será sancionada con la expropiación de bienes y activos.

Al someter a votación el proyecto de ley en el Legislativo hace dos semanas, el presidente de la Duma del Estado, Viacheslav Volodin, enfatizó que los «traidores de Rusia» deben «recibir el merecido castigo».

Por otra parte, el mandatario ha aprobado una ley para cambiar la jurisdicción de los casos sobre materiales «extremistas», que recaen ahora bajo la competencia del Tribunal Supremo y los tribunales regionales, locales, de distrito, de primera instancia y de regiones autónomas.

Además, contempla que puedan ser juzgados los que publiquen los contenidos, así como los que tengan los derechos sobre los mismos o que trabajen en su traducción.