El Acuerdo de Barbados sigue vigente y Maduro lo debe cumplir

Es necesario que recapitule y comente aquí los principales contenidos del Acuerdo de Barbados. El lector memorioso recordará que esta etapa de las negociaciones, que han tenido a México como país anfitrión, se iniciaron en 2021.

Y estoy obligado a mencionar que este esfuerzo viene a sumarse a una larga serie de intentos fallidos, cuyo resultado más palpable solo ha beneficiado al régimen, porque le ha permitido ganar tiempo, mientras declaraba, especialmente fuera de Venezuela, su deseo de alcanzar acuerdos a favor de la convivencia, al tiempo que perseguía, espiaba, reprimía y cerraba, en los hechos, toda posibilidad de diálogo, no con la Plataforma Unitaria, sino con cualquier forma de sociedad organizada.

A pesar de una muy extendida corriente de opinión en la que predomina el escepticismo, porque no le cree ni una palabra a Maduro; a pesar de que en el propio gobierno hay sectores que se oponen a dar concesiones y, al contrario, promueven un endurecimiento de la dictadura.

Y, más todavía, a pesar de que en la propia oposición hay grupos que rechazan cualquier forma de intercambio o diálogo con el poder ilegítimo, bajo el argumento de que ello constituye una forma de complicidad o de rendición simulada.

Y a pesar de que el propio régimen debe sortear la presión efectiva y diaria de los más radicales, y llevar una doble vida, es decir, por una parte, participar en las reuniones (escuchar y hacer propuestas; debatir y contraproponer), y, por la otra, tomar el micrófono para decir que la revolución bolivariana no negocia.

A pesar de estos y otros factores, lo cierto es que el 17 de octubre del 2023, el régimen firmó acuerdos con la Plataforma Unitaria, delante de testigos con cualidad política e institucional: Barbados, México, Noruega, Colombia, Países Bajos, Estados Unidos y Rusia.

¿Qué hay en el Acuerdo de Barbados? En lo primordial, dos grandes enunciados: el primero, «Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales Para Todos»; el segundo, «Memorando de Entendimiento sobre la Protección de los Intereses Vitales de la Nación».

Bajo estos dos enunciados genéricos, lo que se debatía en términos concretos, era y es allanar el camino para la realización de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, elecciones cuyos resultados pudiesen ser reconocidos por las partes y, en consecuencia, por la comunidad internacional.

A cambio de esto –de un proceso electoral limpio que no es otra cosa que un Derecho consagrado en la Constitución– la Plataforma Unitaria se compromete a actuar a favor de aliviar o eliminar las sanciones que numerosos países han aprobado en contra del régimen de Maduro, mecanismos de presión en defensa de las libertades.

Se dijo que los ítems correspondientes a cada uno de los dos enunciados, son demasiado genéricos. Que no aterrizan en decisiones concretas, y que esto constituía la debilidad estructural del Acuerdo.

Esto es cierto, pero solo hasta un punto: también deja abierta la posibilidad de que, en cualquier momento, se incorporen aspectos concretos a favor de los objetivos de los demócratas venezolanos, que no es otro que ir a las elecciones.

El otro aspecto que no puede omitirse es que, desde hace algunas semanas, el régimen ha puesto en marcha una campaña para desvirtuar y enlodar el Acuerdo: adopta al zoo de los alacranes como sus interlocutores; debate con ellos un supuesto cronograma electoral; sostiene que, de aquí en adelante, los acuerdos se firmarán solo en suelo patrio; anuncia que el zoo-cronograma tiene mayor categoría que el Acuerdo de Barbados. Y así.

También captura más rehenes para negociar, cierra emisoras de radio, avanza en sus amenazas a empresarios y sectores productivos.

En el camino, la contraparte, para enviar una advertencia, a Minerven, empresa de minería y metales del régimen –una de las operadoras del oro– le han sido reestablecidas las sanciones.

Pero, y este es el quid de este artículo, el Acuerdo no ha sido roto y el gobierno continúa sentado en la mesa y, diga lo que diga, el horizonte de las elecciones presidenciales se mantiene y, haga lo que haga, con o sin su zoo, María Corina Machado es la candidata legítima de la Plataforma Democrática, candidata legítima reconocida por más de 90 % de los venezolanos que quieren un cambio, candidata legítima reconocida por los gobiernos democráticos de América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países.

¿Por qué entonces el régimen se empeña en llenar de piedras y obstáculos el camino electoral, que es a fin de cuentas el meollo del Acuerdo de Barbados? Porque teme medirse con María Corina Machado.

Esta no es una afirmación de retórica política. Es un temor real, constante, que se expande en todos los sentidos.

Y es que, hasta donde alcanzo a verlo, hay bastantes síntomas de que la percepción, la imagen política de Maduro ha entrado en una espiral descendente irremediable. Nada lo frena.

El rechazo es cada vez más amplio y contagioso. Hasta los niños tiran a la basura el muñeco de súper bigote que han repartido en los barrios.

Lo anterior explica dos procesos que ya comenzaron a producirse: la fabricación de una narrativa por parte del PSUV, la historieta del sacrificio de Maduro. Maduro como víctima. Para explicar su derrumbe, dicen: 'pobre Maduro, se ha inmolado para mantener la revolución viva'. Ha pagado los platos rotos de la guerra económica y por el coraje para enfrentar al imperio. Aunque usted no lo crea, estimado lector, dicen eso y no se ruborizan.

El segundo proceso se refiere al debate de una candidatura distinta, asunto del que todos hablan pero en susurros, mientras esperan uno de dos milagros: que Maduro entienda que debe apartarse o que el chavismo -militares incluidos- se organice para decirle, se acabó tu turno, hay que darle paso a otro.

Sin embargo, lo real, es que, no importa cuán insistente sea la campaña en contra de María Corina Machado, no importa cuánto repitan que está inhabilitada, lo cierto es que ella ha recibido un mandato único en la política venezolana, que no hay en el país ningún otro político que pueda medir su legitimidad con la de ella, y que lo que ella decida, de acuerdo a la continuación del camino hacia las presidenciales, será determinante.