Buckingham habría exigido garantías de que Carlos III no sería procesado antes de dar su consentimiento a una nueva ley galesa

Los funcionarios de la Casa Real británica habrían presionado en privado al gobierno de Gales para garantizar que el rey Carlos III no sería procesado por delitos en virtud de una nueva ley agrícola, revela una investigación The Guardian.

Durante la tramitación de la ley el año pasado, un funcionario del Palacio de Buckingham habría llamado por teléfono al gobierno de Gales para obtener la garantía en virtud de una vieja costumbre que exige que los parlamentos del Reino Unido obtengan el consentimiento del monarca para redactar proyectos de ley antes de que puedan implementarse.

Según esta tradición, los ministros notifican a la familia real británica sobre cláusulas específicas en proyectos de ley que pueden afectar su patrimonio personal, su propiedad privada o sus funciones públicas. Entonces los ministros piden al monarca su consentimiento sobre las leyes antes de que sean aprobadas.

El 1 de junio del año pasado, el gobierno galés señaló en un memorando interno que sus abogados «habían sido contactados por funcionarios del Palacio de Buckingham que habían pedido garantías de que los ministros galeses tomarían en cuenta las convenciones relativas al enjuiciamiento de la corona al elaborar las regulaciones bajo este proyecto de ley».

Se trataba de una referencia a una prerrogativa según la cual no se pueden iniciar procedimientos penales y civiles contra el monarca como jefe de Estado. Al monarca se le ha otorgado inmunidad personal frente a ciertas legislaciones, que van desde el bienestar animal hasta los derechos de los trabajadores.

En un correo electrónico fechado el 2 de junio, funcionarios galeses señalaron que Mick Antoniw, el fiscal general del gobierno galés «no estaba contento con la exclusión». Sin embargo, «reconoce la convención en curso y por lo tanto» la aceptó.

El uso de este mecanismo de consentimiento ha sido criticado como «antidemocrático». Ha estado en vigor en Westminster desde el siglo XVIII y se ha extendido a los parlamentos escocés y galés.

En el caso de la Ley de Agricultura (Gales) que finalmente entró en vigor el año pasado, el monarca quedó exento de las regulaciones relativas a la comercialización de productos agrícolas, la eliminación de cadáveres y la divulgación de información al estado galés. La policía tampoco puede obtener acceso automático a la cartera de propiedades privadas del rey en virtud de esa parte de la ley.

El Palacio de Buckingham se negó a decir si el rey había pedido algún cambio a esta ley antes de aprobarla.