Ejecuciones, desapariciones y torturas: un informe retrata a Venezuela como un agujero negro de represión
El informe del Departamento de Estado de EE.UU. recopila un sinfín de violaciones de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias «potencialmente mortales», detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial, presos políticos, interferencia en la vida privada, restricciones a la libertad de expresión y prensa –amenazas, procesamientos y censura contra periodistas–, violencia sexual…
Este primer párrafo podría haber sido mucho más largo si se hubiera optado por incluir todas las violaciones de los derechos humanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye al régimen bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela.
En su último informe de derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2023, el Departamento de Estado dedica un duro capítulo al régimen chavista.
El informe señala que se han recopilado «numerosos informes de que agentes de maduro cometieron asesinatos arbitrarios o ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales».
En concreto, recoge datos de la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y La Fundación Centro Gumilla que documentaron 355 ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, la ONG Monitor del Uso de la Fuerza Letal registró 432 muertes «que involucraron a fuerzas de seguridad del 1 de enero al 20 de agosto».
Las organizaciones humanitarias han documentado también decenas de desapariciones y numerosos casos de torturas y «penas crueles, inhumanas o degradantes».
«Hay informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturan y abusan regularmente de los detenidos», señala el Departamento de Estado.
Las torturas incluyen golpes y humillaciones a los arrestados por parte de las fuerzas de seguridad, simulaciones de asfixia, descargas eléctricas y roturas de huesos.
El informe también recoge la represión política y señala que «los representantes de Maduro utilizan el poder judicial para intimidar y procesar a personas críticas con sus políticas o acciones».
Señala que los opositores políticos a Maduro son acusados de forma sistemática de «conspiración, terrorismo y traición» para justificar las detenciones y encarcelamientos.
Además, recoge también las irregularidades electorales, nombramientos inconstitucionales de electores y el acoso a votantes para manipular los procesos electorales.
La publicación del informe coincidió con la visita por sorpresa del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Caracas en el marco de la investigación contra Maduro y varios de sus funcionarios y oficiales por acusaciones de crímenes de lesa humanidad.