El eterno «trilema» de Nueva Caledonia: republicanismo, independencia o estatus colonial

El Gobierno de Gabriel Attal anunció hace unos días el estado de emergencia en Nueva Caledonia ante la violencia desencadenada por la votación en la Asamblea Nacional francesa para reformar el censo electoral.

Perteneciente a Francia desde 1853, esta colectividad de ultramar se encuentra más de 17 mil kilómetros del continente europeo, en pleno Pacífico sur. Su posición geográfica y sus abundantes recursos naturales (sobre todo el níquel), hacen de Nueva Caledonia un territorio de gran interés estratégico para París. Actualmente residen en el territorio unos 270.000 habitantes, de los cuales alrededor del 40 % pertenecen al grupo canaco, indígena de estas islas, otro 40 % a los denominados «caldoches», descendientes de europeos, y el resto a inmigrantes venidos sobre todo de Asia.

Los choques entre los dos principales grupos han sido una constante desde hace décadas. Tras un periodo de gran confrontación, finalmente se firmaron los acuerdos de Matignon, en 1988, y los de Numea, en 1998, que otorgaron a las islas un estatuto especial que les garantizaba una gran autonomía, así como la garantía de la celebración de tres referéndums de independencia. Estas votaciones se llevaron finalmente a cabo entre 2018 y 2021, la última de las cuales tuvo lugar durante la pandemia de la Covid-19 y fue boicoteada por los independentistas.

En las tres se impuso el «no» a la independencia. Cabe destacar que, en estos referéndums, una gran parte de la población residente en el territorio no tenía derecho a votar, lo que en teoría debía jugar a favor del voto independentista. Es por ello por lo que, ahora que la Asamblea Nacional ha votado a favor de reformar el censo para que los residentes que lleven más de diez años en la isla puedan ejercer el sufragio, grupos de jóvenes proindependentistas canacos han tomado las calles de la capital, Numea, a modo de protesta exigiendo una nueva negociación.

Desatascar la situación se antoja una tarea compleja para el Gobierno francés. Actualmente, el estatuto del territorio encaja con lo que tradicionalmente se ha considerado «colonia». De hecho, el país galo rinde cuentas ante el comité especial de descolonización de la ONU. El actual estatuto de autonomía restringe el sufragio universal, algo que está legitimado por la excepcionalidad de la situación según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta medida se adoptó respondiendo a las demandas canacas para evitar que Nueva Caledonia se convirtiera en una «colonia de poblamiento», lo que impediría su derecho a la autodeterminación. Congelar de esta manera el censo electoral durante años hasta concluir la transición hasta la independencia o la integración de pleno derecho con la «metrópoli» es algo común en procesos de descolonización.

Este es el principio que se ha seguido en Nueva Caledonia desde hace ya más de treinta años. Sin embargo, tras la triple negativa a la independencia, la integración de este territorio en el derecho común es un imperativo, además de ser ahora mismo la única vía para poner fin de manera definitiva a la colonización. Esto empieza por la renovación del censo electoral para permitir a los residentes votar en las elecciones locales. Para los independentistas, sin embargo, aceptar esto implicaría asumir su derrota de facto, algo a lo que no están dispuestos.

No obstante, el proyecto presentado en la Asamblea Nacional no levanta la suspensión del sufragio universal, sino que simplemente «descongela» el censo electoral y plantea su renovación. De hecho, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, se ha mostrado abierto a condicionar el derecho a votar a las personas con un «vínculo personal» y «compromiso» con el territorio. Esto es, que el voto estuviera sujeto a condiciones políticas y, por lo tanto, que Nueva Caledonia se quedara de nuevo a medio camino entre un territorio colonial y un departamento francés en el que los habitantes gozan de los mismos derechos que en el resto del país.

Por ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado a los grupos políticos hasta finales de junio para compartir nuevas propuestas, mientras Attal ha anunciado el envío de refuerzos militares y policiales. Queda por ver si el Gobierno francés volverá a optar por una solución a medias en forma de nuevo estatuto de autonomía; si aceptará la convocatoria de un nuevo referéndum, lo que sentaría un precedente peligroso; o sí, como más bien poca gente espera, se decide a integrar el territorio en el derecho común francés. La divisa republicana cojea por la pata de la igualdad en Nueva Caledonia.