El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un concierto en el jardín de la Casa Blanca
Defensores de inmigrantes demandan a Biden por limitar el asilo
Los demandantes advierten que la medida también crea obstáculos «potencialmente insuperables»
Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron este miércoles en una corte federal de EE.UU. la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe drásticamente las solicitudes de asilo en la frontera con México, argumentando que es «inconsistente» con el estatuto que regula el asilo.
La orden, que entró en vigor el pasado 4 de junio, permite a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan con unos estrictos estándares de asilo cuando se superen las 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), argumenta que la regulación «es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo promulgado por el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo 'ya sea que entren o no' por un puerto de entrada».
Además, los demandantes advierten que la medida también crea obstáculos «potencialmente insuperables» para que los migrantes busquen otros tipos de protección, según dijo la ACLU en un comunicado. Los defensores de los migrantes aseguran que la nueva orden refleja la prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, que fue derrotada en las cortes.
Los demandantes afirman que la restricción cerrará «efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos», según Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
«No es sólo una cuestión de asegurar la frontera»
Gelernt subrayó que la Administración Biden «carece de autoridad unilateral para anular al Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo se ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica».
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que también participa en la demanda, dijo en un comunicado que la orden «exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal, y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura».
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP también participan en la querella presentada a nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).
La demanda, presentada en una corte federal de Washington, ha solicitado al tribunal que detenga la implementación de la medida.
«No es sólo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores», señaló el secretario.