Keir Starmer avisa que está dispuesto a dar la batalla para acabar con los lores hereditarios

«Se introducirán medidas para modernizar la Constitución, incluida la reforma de la Cámara de los Lores para eliminar el derecho de los pares hereditarios a sentarse y votar en los Lores [proyecto de ley sobre la Cámara de los Lores (pares hereditarios)]». Este pasaje leído por Carlos III el 17 de julio, al final de su discurso de presentación del programa legislativo del Gobierno confirma que el nuevo primer ministro sir Keir Starmer está empeñado en sacar adelante uno de sus proyectos ideológicos: expulsar definitivamente a los miembros hereditarios de su escaño en la Cámara de los Lores.

Desde las filas laboristas se alega que «en el siglo XXI no hay ninguna razón para tener casi 100 plazas reservadas a personas nacidas en determinadas familias, ni asientos efectivamente reservados sólo para hombres», pues la práctica totalidad de los títulos hereditarios en el Reino Unido –el número de excepciones es insignificante– se transmite por la línea de varón.

En realidad, el número de lores hereditarios en la Cámara Alta de Westminster es de 92 –sobre 790–, número fijado cuando el Gobierno laborista de sir Tony Blair abolió en 1999 el derecho general, de siglos: una negociación in extremis del entonces primer ministro con el hoy marqués de Salisbury, a la sazón líder conservador en los Lores, desembocó en la preservación de una representación minoritaria de la nobleza histórica. Desde hace un cuarto de siglo, pues, cada vez que quien ostenta título hereditario y escaño renuncia o fallece, se organiza una elección interna para designar un sucesor.

Starmer dispone de una abrumadora mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes –tendrá la última palabra cuando se produzca la votación definitiva– para conseguir su propósito. Sin embargo, tendrá que aceptar un matiz: la permanencia en la Cámara Alta de los dos cargos hereditarios que desempeñan funciones constitucionales. El primero es el duque de Norfolk, primer aristócrata del Reino Unido y seglar de referencia de los católicos británicos, que, en su condición de conde mariscal, tiene competencia sobre la organización de coronaciones y funerales de Estado –aunque no sean miembros de la Familia Real–, coronaciones y ceremonias de apertura del Parlamento.

Starmer, nada deseoso de entrar en conflicto con la Casa del Rey ni de impulsar grandes trastornos institucionales, acepta estas dos excepciones. Mas las dificultades a las que se enfrenta proceden de su voluntad de privar de escaño y derecho a voto a los lores vitalicios una vez cumplan 80 años.

En la actualidad, un lord que ya no se sienta capaz de asumir sus funciones, puede comunicar su abandono de la actividad sin renunciar a su título. Pero otros, pese a su edad avanzada, siguen contribuyendo con su sabiduría y experiencia a los debates parlamentarios. Entre ellos, muchos laboristas que acusan a Starmer de discriminación por motivos de edad. La batalla no ha hecho más que empezar.